Nuestros lectores seguramente se han visto sorprendidos por la aparición en el espacio mediático del vocablo lawfareque en idioma inglés significa, según lo expresa el diccionario de Oxford, “acciones judiciales emprendidas como parte de una campaña en contra de un país o grupo”.El concepto aparece en la literatura en 2001 en un ensayo publicado por el militar norteamericano Charles Dunlap que lo utilizó para describir lo que a su juicio es “la manipulación del Derecho Internacional en contextos bélicos…para distorsionar los usos de la justicia… para beneficio de algún país en detrimento de otro u otros”.En definitiva, Dunlap pretendió significar el uso de la ley como arma de guerra.

Desde un punto de vista exclusivamente semántico lawfare es una contracción de dos palabras law y warfare(ley y guerra) Entre nosotros la difusión del vocablo en un idioma extranjero se conectó inicialmente con la idea degolpe blando, que aludía a la destitución de mandatarios democráticamente electos por medio dejuicios políticos que culminaban con condenas relacionadas con mayorías circunstanciales en el Poder Legislativo.Pero también se extendió a casos de condenas judiciales impuestas por tribunales dependientes del Poder Judicial, como sucedió con el presidente de Brasil Luiz Inacio da Silva, alias “Lula”

En nuestro país, fue Cristina Fernández quien se autoconsideró incluida en el lawfarecomo víctima de una persecución política por parte de sus adversarios políticos – básicamente el macrismo- acusándola de numerosos delitos cometidos en el ejercicio de la función pública agrupados bajo el un tanto ambiguo concepto de “corrupción”. En ninguno de esos procesos judiciales se ha dictado sentencia firme y, por lo que se lleva visto, han de transcurrir varios años antes de que ello suceda.

En relación con este tipo de situaciones, el penalista Eduardo Zaffaroni acaba de publicar un libro titulado “¡Bienvenido al lawfare!” en colaboración con Cristina Caamaño y Valeria Vegh Weis. Entrevistado por el diario Página 12 con motivo de la aparición de dicho volumen, Zaffaroni definió el lawfare como“un delito y quienes lo practican son una asociación ilícita entre algunos jueces prevaricadores, algunos fiscales,los medios, el poder económico y algunos policías corruptos”. Toda la argumentación vertida en dicho reportaje y que constituye el núcleo de la materia expuesta en el libro, posee una clara impronta de pensamiento conspirativo, es decir, la explicación de los hechos realmente acaecidos como producto de una trama oculta – o no tanto- de intereses ilegítimos que pretenden utilizar el derecho y las instituciones como armas asestadas contra personajes a los cuales no se les puede derrotar en elecciones democráticamente impolutas.

En la Argentina, para que esta versión de sucesos de alto impacto político pueda sostenerse, hubo menester de dos condiciones previas: la politización de la Justicia y la judicialización de la política. Por un lado, los jueces cumplen sus funciones cada vez más involucrados en los acontecimientos políticos ordinarios – como los cambios de orientación de los gobiernos- y por otro, ante la imposibilidad de resolver los conflictos propios de las luchas por el poder en el espacio  propiamente político, cada vez más se acude a los tribunales para obtener pronunciamientos  favorables a una u otra pretensión de los sujetos involucrados en dichos conflictos. Se trata, con toda evidencia, de una situación peligrosa para el equilibrio entre los tres poderes de gobierno y, ciertamente, nada favorable a la eficiencia de la administración pública.

En estos días, la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene, pendientes de tratamiento y resolución, varios casos cuya definición ha de influir decisivamente sobre cuestiones institucionales, socio-económicas y de índole criminal de indudable repercusión en el balance de poder preexistente.El alto tribunal debe emitir sentencias, en principio definitivas, sobre cuestiones tan trascendentes como son el recurso de la CABA sobre detracción de fondos de la coparticipación federal de impuestos y, la más reciente, el amparo contra el DNU que prohíbe por 15 días las clases presenciales en la ciudad gobernada por Horacio Rodríguez Larreta. A nadie se le oculta que este conflicto posee innegables connotaciones de “política práctica” pues es bien conocida la todavía sorda contienda que se dirime al interior de la principal coalición opositora Juntos por el Cambio. Por ello, el fallo de la Corte sobre la cuestión de la “escolaridad presencial” influirá sobre el posicionamiento de Rodríguez Larreta como candidato presidencial en la elección de 2023.

Por otro lado, los miembros de la Corte, sin distinción de personalidades, está siendo severamente agredida por el actual Ministro de Justicia, Martín Soria considerado un talibánen el embate del cristinismo contra el Poder Judicial sobre todo con referencia a los jueces del fuero federal, lo cual no deja de crear un clima nada propicio para el pleno imperio de las leyes al margen de posicionamientos políticos y partidarios. Es por esta razón que un conocido tratadista de Derecho Constitucional, declaró en un círculo privado, que CFK es la líder de un lawfare al revés donde las víctimas son los jueces y los verdugos son los políticos profesionales.