Es por lo menos llamativo que, en medio de la pandemia que nos ha tratado con tan poca benevolencia, algunos argentinos se hayan dedicado a debatir sobre la intrincada cuestión del mérito como dispensador de privilegios económicos y/o como antecedente primordial para acceder a las complejas funciones que constituyen lo propio de la gobernabilidad de un país.
El que encendió la mecha cerca del barril de pólvora en que se ha convertido la política aborigen, no fue otro que el mismísimo Presidente de la República, el Dr. Alberto Fernández quien, según informaciones periodísticas no desmentidas por el Primer Magistrado, declaró que “lo que hace evolucionar o crecer no es el mérito como nos han hecho creer en los últimos años pues el más tonto de los ricos tiene muchas más posibilidades que el más inteligente de los pobres” Y remató “No es el mérito, es darles a todos las mismas oportunidades de crecimiento y desarrollo”
No se nos oculta que estas manifestaciones son de índole fragmentaria y que si se le otorgase al Presidente la oportunidad de explayarse a su gusto sobre la materia, sería bien capaz de otorgar un sentido más coherente a las citadas expresiones. Pero, en ausencia de tales aclaraciones y de mayor abundancia de razonamientos nosotros, el público llano, deberemos conformarnos con lo que hay y procurar, con toda buena fe por cierto, extraer lo imprescindible del pensamiento explícito del Presidente y de sus implicancias menos abstrusas, a fin de hacernos una idea, siquiera aproximada, de lo que entiende el titular del Sillón de Rivadavia, por mérito para, de esa manera, acceder a las creencias filosóficas que profesa quien debe asumir la pesada tarea de salvarnos del malvado virus y,a la vez, afianzar los beneficios de la democracia para nosotros, para nuestra posteridad y para todo aquel audaz aventurero que quiera habitar el suelo patrio.
¿Qué cosa es el mérito y quiénes son meritorios?
Vamos a comenzar por lo más usual: buscar en los diccionarios qué significa para nuestro idioma el sustantivo mérito.
El venerable diccionario de la Real Academia Española cree que mérito “es la acción o conducta que hace a una persona digna de premio o alabanza”.
Como segunda acepción, los académicos ponen que mérito “es el derecho a reconocimiento, alabanza, etc. debido a las acciones o cualidades de una persona”
Finalmente una tercera entrada nos dicen que mérito es el “Valor o importancia de una persona o de una cosa”.
Tal vez no debamos conformarnos con lo que expresan los reales académicos que se dedican a poner a salvo el tesoro de la lengua cervantina. Veamos lo que nos trae el “Diccionario de Uso del Español” de María Moliner. Según ella mérito significa “circunstancia, cualidad o noción por la que alguien merece cierta cosa deseable” ¿Cosa “deseable” nos preguntamos? ¿Quizá la riqueza o el poder? Ya veremos.
Para concluir con este cursillo semántico, veamos que nos dice el “Diccionario del Español Actual” de Gabino Ramos acerca del escurridizo vocablo. Para este erudito méritoes “la acción o cualidad merecedora de premio o aprecio” Y aporta como segunda acepción “Derecho a un premio o recompensa que se logra como resultado de esa acción”.
La suma y síntesis de todas estas definiciones, nos permite arribar a unas pocas pero eficaces conclusiones:
1) El mérito se predica, en primer lugar, de las acciones humanas. De lo que se deduce con facilidad que el que produce acciones meritorias es el titular del mérito.
2) El meritorio, al interferir con la realidad mediante el ejercicio de acciones meritorias, se hace acreedor al derecho a un premio o recompensa. De ahí podemos inferir que el meritorio posee legítimamente la expectativa de ser recompensado.
3) Todo lo cual nos conduce como de la mano a preguntarnos: a) ¿quién decide si una acción es meritoria y digna de premio o recompensa? Y b) ¿quién decide y cómo debe procederse para determinar cuál es el premio que merece la acción juzgada como meritoria?
La moral social está implicada.
En primer lugar toda sociedad que se precie de tal, es decir que funcione como una “organización de organizaciones” como dijera Saint-Simon, dispone de una tabla de valores. Una tabla de valores que es producto de ciertos condicionamientos físicos, tales como los recursos naturales de que se dispone, tanto como del desarrollo histórico que han protagonizado sus habitantes dentro de cuyo proceso se encuentra el adelanto científico-tecnológico alcanzado el que a su vez es el resultado del nivel cultural producto del subsistema educativo implantado en dicha sociedad.
Como consecuencia de la interacción del medio físico con los procesos históricos protagonizados por el pueblo, se estructura al parecer en una simbiosis ineludible, una ética socialcompuesta por una proporción variable de conocimientos y de creencias. Es este producto- que además está atravesado por influjos de ideas procedentes del exterior de la sociedad de que se trate- el que establece la tabla de valorescuya aplicación a cada caso concreto determinará qué acción es meritoria y cuál es la recompensa que merece.
Sin embargo, la valoración de cada acción individual es ejercida por quien dispone del poder necesario para que su dictamen sea obligatorio para todos los demás. Existe un recurso que sólo está disponible para los gobernantes quienes no sólo poseen el monopolio de crear el derecho sino que también se encuentran investidos de la autoridad suficiente para imponer por la fuerza el acatamiento a las normas jurídicas, normas que Von Ihering juzgó que constituyen “un mínimo de ética”.
Ahora bien; los que gobiernan han accedido a sus cargos como resultado de una elección libremente realizada por la ciudadanía conforme a los procedimientos constitucionales y legales vigentes o bien por hechos de fuerza llevados a cabo al margen de dichos procedimientos. Por otra parte, hay que tener en cuenta que los procesos electorales que culminan con la transformación de los candidatos en autoridades, se hallan influidos por los mensajes difundidos por los medios de comunicación de masas que condicionan el voto de cada ciudadano de manera efectiva si bien, en el mejor de los casos, el grado de autonomía de la voluntadque cada cual conserva al momento de depositar las papeletas en las urnas, determina la calidad de la cultura cívica efectivamente existente en cada sociedad y, por ende, la eficiencia del gobierno que se valora a la luz de su capacidad para crear y mantener el orden necesario para la producción de bienes y servicios destinados a satisfacer el consumo de la población.
En ciertos casos, aquéllos en los que la sociedad conserva una cantidad significativa de poderes que no han sido delegados por la Constitución al sistema de poder político vigente, coexisten tablas de valores claramente distintas: la que es propia de las autoridades que ejercen el poder político y la de aquellas organizaciones sociales que han logrado retener el suficiente prestigio como para que sus juicios de valor sean tenidos en cuenta por una cantidad apreciable de los individuos y familias que componen la sociedad. Por ejemplo, entre nosotros, la cuestión del abortoplantea una clara dicotomía entre los que gobiernan y los que, por motivos religiosos o morales, se oponen a facilitar legalmente la interrupción voluntaria del embarazo.
Los juzgadores del mérito o demérito de las acciones de los individuos, si bien se encuentran condicionados por el ambiente cultural que es propio de la sociedad en la que viven, suelen sostener diferentes opiniones respecto de los valores que están en juego en cada ocasión. Con esto se quiere significar que la adhesión a los preceptos que se consideran compartidos por una mayoría apreciable de la ciudadanía, varía y presenta matices que en algunas oportunidades pueden llegar a los límites de la transgresión.
En el caso de que los dispensadores de las recompensas al mérito sean los gobernantes, los reconocimientos y premios que se suelen otorgar varían desde las medallas, condecoraciones, homenajes in personamhasta la incorporación de individuos ajenos a los concursos electorales a los elencos de funcionarios y de la burocracia estatal. El empleo público, mediante una selección rigurosa por medio de exámenes y de análisis de títulos y antecedentes, constituye la retribución más extendida puesto que representa un compromiso institucional de aportar ingresos al elegido además de garantizarle, con algunas pocas excepciones, estabilidad por tiempo indefinido en el desempeño del cargo a lo que hay agregar la posibilidad de hacer carrera en la administración pública. Lo cual implica, en caso de ascender en el escalafón acceder a mejores ingresos y al goce de mayor prestigio social.
Ahora bien; es obvio que el reconocimiento del mérito personal y el otorgamiento de las consiguientes recompensas, no se agota en las interacciones descriptas entre autoridades y ciudadanos. Lejos de ello, la vida en comunidad implica que tanto los juicios de valor – los premios y castigos a la conducta de los individuos- son pronunciados y aplicados por una gran variedad de organizaciones que van desde la propia familia del evaluado y los establecimientos de enseñanza hasta las empresas, las academias, los medios de comunicación de masas, etc.
El mérito y la meritocracia.
Ha llegado el momento de preguntarnos cómo se vinculan el mérito y los meritorios con la meritocracia, vocablo en el que el sufijo “cracia” nos lleva de la mano a kratos que, como bien se sabe, en griego significa poder o gobierno. O sea: meritocracia, gobierno de los meritorios.
En sus años de mayor esplendor y poderío, Atenas estaba poblada por alrededor de 300.000 habitantes. Pero si hemos de creer en los historiadores contemporáneos de Solón, solamente alrededor de 45.000 participaban habitualmente de la vida política de la ciudad. En ese tiempo, para decirlo llanamente, Aristóteles se había ocupado muy seriamente de las cuestiones políticas a las que adjudicaba una posición fundamental como sustento de la estabilidad y el buen orden social vigente en la polis. El Estagirita distinguía tres formas de gobierno: la monarquía, la aristocracia y la democracia. A cada uno de estos modos de ejercer legítimamente el poder, correspondía una forma degenerada: la monarquía bien podía devenir una tiranía; la corrupción de la aristocracia derivaba en oligarquía y la democracia corría frecuentemente el peligro de desembocar en pura demagogia. Contra estas acechanzas reflexionaron tanto Aristóteles como Platón y otros ilustres pensadores atenienses.
Nos interesa, para cumplir con lo titulado, el caso de la aristocracia: el gobierno de los mejores, de los más sabios y honestos en la concepción de los filósofos que nos legaron los primeros principios de la organización política de Occidente.
Lo primero que nos debe llamar la atención es por qué, si desde antes de Cristo se estableció como una forma de gobierno no sólo posible sino real – la aristocracia- en nuestros agitados días se ha introducido en la agenda pública el concepto de meritocracia, un neologismo que se atribuye no demasiado concluyentemente a Michael Young a partir de un libro suyo que titulara “The Rise of the Meritocracy”.
Estaría por completo fuera de los límites de este artículo, historiar cómo la aristocracia ateniense de los eupátridas y el Aréopago, devino una clase social – la nobleza de sangre- que gobernaba junto, apenas por debajo o algunas veces por arriba, de los monarcas, también ellos ejercitantes del poder sobre la base de la pertenencia a una familia real. Lo cual, si bien produjo reyes sabios y consagrados a la mayor gloria y fortuna de sus dominios, también fue pródigo en autócratas mesiánicos, crueles, corruptos y hasta dementes.
Es posible que la combinación de democracia y aristocracia en Atenas produjera gobiernos preclaros como el de Pericles, de cuyos méritos para acceder al poder nadie se ha atrevido a dudar. Pero tengamos en cuenta que en aquellos tiempos los habitantes de Atenas eran pocos y los que estaban autorizados para “hacer política” eran mucho menos aun. Los atenienses que frecuentaban el ágora se conocían todos entre sí, lo que equivale a decir que podían juzgar los méritos de los que aspiraban a gobernarlos. Aunque a veces se equivocaban, el sistema tenía fundamentos sólidos en la sociedad.
A medida que los reinos de Europa se fueron multiplicando y que la población pasó a contarse por millones de individuos, la aristocracia fue deviniendo en una forma de gobierno cuya degeneración inexorable condujo a esa gran convulsión que se llamó “Revolución Francesa”. Y de ahí en más, fue la democracia republicana– es decir, el gobierno de los representantes de las mayorías ocasionales que se iban sucediendo a lo largo de la historia de las naciones- la forma de gobierno que se impuso en todo el orbe de Occidente, no sin algunos tropiezos de gran magnitud como los que originaron la Segunda Guerra Mundial.
La palabra aristocracia fue perdiendo su esencia original hasta que dejó de ser empleada para designar alguna modalidad de ejercicio del poder político. A partir de las conmociones europeas de 1848, la cuestión central de la teoría política fue la de cómo hacer que los gobiernos elegidos por el voto de la mayoría de los ciudadanos, sirviesen al “bienestar general” y no se comportaran como representantes de los intereses hegemónicos vigentes en cada sistema de poder.
Concluida la Primera Guerra Mundial con la derrota de Alemania, los aliados victoriosos ensayaron dar su bendición y apoyos económicos a esa “democracia de laboratorio” como designó Spengler a la República de Weimar. Su fracaso, no sólo encendió la mecha de la Segunda Guerra Mundial, sino que sumió al capitalismo democrático en un mar de problemas originados, los más graves de entre ellos, por la consolidación del comunismo en Rusia y en China, dos gigantes geopolíticos.
Es en este clima de incertidumbre que algunos pensadores de Occidente se plantearon la cuestión, no resuelta hasta nuestros días, de cómo hacer para que las democracias capitalistas fuesen gobernadas por políticos meritorios, elegidos por su capacidad intelectual y su honestidad moral. En este contexto Michael Young dio a luz su distopía sobre el ascenso de la meritocracia. Del gobierno de los mejores, de los meritorios. El esfuerzo personal más un alto coeficiente intelectual serían los cimientos de gobiernos que real y efectivamente trabajarían para gestionar el bien comúnde toda la población – no solamente de las mayorías ocasionales- lo cual implicaría, según el socialista fabiano Young, tener en cuenta los derechos comunitarios de las minorías étnicas y religiosas, amén de eliminar la pobreza, promoviendo la educación pública a fin de que todos los gobernados dispusiesen, cualquiera que fuese su origen de clase, de igualdad de oportunidadespara progresar económicamente y satisfacer no solamente sus necesidades primarias, sino también las que Agnes Heller designara como “necesidades culturales”. Todo lo cual, según Young, no era más que una “ilusión paralizante”.
Claramente todos los problemas que presenta la cuestión de la tabla de valores éticos según la cual una acción humana es meritoria y digna de recompensa, están arraigados cuando se trata de conectar el mérito con la autoridad política. La meritocracia es una idea incompatible en forma absoluta con la estructura capitalista/democrática de nuestra sociedad y de todas aquéllas que comparten los mismos componentes culturales. No hay manera efectiva de seleccionar a los gobernantes más allá del veredicto de las urnas, como gustaban decir los yrigoyenistas.
Se dirá que los gobernantes que se consagran por el voto popular son solamente, a nivel nacional, el Presidente y el Vice y los diputados y senadores. Y que el Presidente bien puede suplir sus propias carencias en materia de conocimientos, designando ministros que posean todos los atributos intelectuales para hacer funcionar los complejos mecanismos de la administración pública. Pues no ha sido así entre nosotros. Y es difícil que, en primer lugar, el político que accedió a la Primera magistratura reconozca que no domina todos los conocimientos que hacen falta para llevar a buen puerto la nave de la República. Más difícil aún es que posea la capacidad de elegir como ministros a los individuos que se han destacado en su actividad profesional en el ámbito privado, con prescindencia de otras “virtudes” tales como la fidelidad – ciega o tuerta- al ocupante principal de la Casa Rosada.
No obstante, a raíz de las manifestaciones antes citadas del Presidente Fernández, han aparecido en los medios de comunicación de masas algunos fervorosos defensores de la meritocracia y del mérito como elemento dispensador de fama y honores. No es que la idea de organizar la sociedad conforme unos valores según los cuales se otorgarán recompensas o se impondrán castigos sea mala: sólo es impracticable. El poder político, tanto como el que dispensa la riqueza, es asignado y distribuido según el criterio de los que ya disponen de la autoridad necesaria para “acomodar” a los amigos y “correligionarios” así como los que se encuentran en lo más alto de la escala en materia de patrimonio y de ingresos, son los que deciden quiénes serán los afortunados que podrán ascender en la pirámide social por las mismas razones que el gobernante elige a los más empinados funcionarios. El “capitalismo de amigos” es una consecuencia inevitable de esta consolidada situación.
Unas palabras sobre la igualdad de oportunidades.
En la misma ocasión en la que el Presidente Fernández descalificó al mérito como elemento a tener en cuenta para recorrer la senda del progreso social, se refirió a una cuestión colateral que, por lo general, ha sido un tópico operado por los liberales de todo pelo y señal: la igualdad de oportunidades para todos y todas. En esta línea de pensamiento, Fernández se atribuyó la misión de “darles a todos las mismas oportunidades de crecimiento y desarrollo”, tarea que bien podría formar parte del elenco de trabajos que le fueran encomendados a Hércules.
Lo de la igualdad de oportunidades es otro mito que, como el del derrame de riquezas, (después de los ajustes) cultivan los que profesan una idea edulcorada de la justicia social. Según esta simpleza, no se trata de perseguir la igualdad de los individuos en materia económica y social mediante subsidios y asistencias materiales a quienes ocupan los lugares inferiores en materia de ingresos y patrimonios, sino de permitir el acceso de cada uno de los habitantes de la Nación a niveles superiores de educación de manera tal que en algún momento estén en condiciones de competir por bienes materiales y reconocimiento social con los que originalmente han sido privilegiados por la fortuna, básicamente por haber nacido en hogares pudientes donde las necesidades básicas y secundarias estaban ab initiosatisfechas. En otras palabras: la igualdad de oportunidades significa no otra cosa que adoptar como política de Estado la promoción de una dinámica social siempre ascendente.
Toda esta simpleza choca de frente con una realidad que procede tanto de las estadísticas como de la lógica más elemental. El capitalismo, tal como funciona en la práctica y como ha sido concebido por Adam Smith, David Ricardo, Alfred Marshall y otros padres fundadores del sistema, sostiene que los individuos al consagrar sus vidas a obtener el máximo beneficio posible para sí mismo y sus familias, funcionan como un verdadero motor del progreso general y del bien común. Conciben la sociedad como un espacio en el cual todos compiten para ganar la carrera en pos de riquezas y honores. La igualdad de oportunidades predica que todos, incluso los más pobres, pueden – si así lo deciden- participar de la competición y que si existe una verdadera libertad de movimientos, los mejores corredores podrán levantar la cornucopia de la abundancia.
Está claro que para que estas ideas tengan siquiera una débil posibilidad de concretarse, todos los corredores deberían partir al mismo tiempo desde la misma línea de largada. Lo cual es a todas luces imposible porque hay algo fácilmente perceptible que es el posicionamiento social de origen.
Imaginemos la siguiente situación: una joven madre procedente de una villa miseria logra llegar a tiempo a un hospital donde, gratuitamente, es atendida de tan buena manera que a los pocos días están en condiciones, ella y su pequeño, de regresar a su precario asentamiento. El niño se cría en el medio donde sus padres – los dos en el mejor de los casos- sobreviven dificultosamente, sea haciendo “changas” o siendo asistidos por alguno de los planesque a duras penas les permiten sobrevivir, alimentándose deficientemente y, por lo general, habitando un medio ambiente insalubre. Ese niño ¿cómo podría tener iguales oportunidades de desarrollo personal que otro párvulo nacido en el seno de una familia ubicada en los estratos altos de la escala social? Aun en el supuesto que su evolución física y mental le permitiera completar los estudios elementales en una escuela pública ¿quién puede creer que sus posibilidades en la carrera por el éxito personal son, no ya iguales, sino parecidas a las de los “niños ricos”? Es cierto que existen excepciones a la regla del posicionamiento social de origen y que individuos nacidos en medios marginales con un gran despliegue de esfuerzos personales y algo de acompañamiento de la suerte pudieron acceder a ingresos considerables o al ejercicio de profesiones prestigiosas y rentables. Pero se trata de una ínfima cantidad de casos; sólo que los medios de comunicación de masas se encargan de presentarlos como habituales o, por lo menos, como si solamente con el esfuerzo personal – el méritodiríamos- se pudieran hacer desaparecer las enormes distancias sociales entre los privilegiados y satisfechos y los que demandan auxilios perentorios a cargo del Estado para sobrevivir en condiciones precarias que los mismos subsidios que reciben cristalizan hasta tornarlas permanentes cuando no irreversibles.
Los meritorios no suelen ser los meritocráticos. (Entendemos por “meritocráticos a los meritorios empoderados)
Algunas conclusiones podemos rescatar de los enredos semánticos y conceptuales en que incurrió nuestro Presidente al manifestar públicamente sus ideas sobre el mérito, el esfuerzo, la meritocracia y la igualdad de oportunidades. Veamos pues:
1) Los que nacen y se crían en condiciones precarias bien pueden acumular méritos en razón de sus esfuerzos por progresar económica y socialmente, pero, por lo menos en la Argentina, no suelen ser meritocráticos.
2) Ningún gobierno argentino está en condiciones de asegurar un ciclo virtuoso de movilidad social ascendente. Las estadísticas disponibles más bien indican todo lo contrario.
3) Que no exista discriminación negativa para el acceso a los más altos niveles de educación pública y aunque exista discriminación positiva (becas para los necesitados de ayudas para completar sus estudios) la igualdad de oportunidades es una utopía que solamente adquiere visos de realidad cuando en una sociedad todos son pobres o todos son ricos. De lo cual no se dispone de antecedentes históricos salvo que, como algunos antropólogos lo aseveran, nos remontemos a la neblinosa prehistoria de los pueblos cazadores y recolectores.
4) La competencia de los individuos entre sí para adquirir poder y/o fortuna, por sí sola no garantiza una justicia social aunque sea de baja intensidad. La concentración de los ingresos y los patrimonios en no más de un 5% de la población, tiende a aumentar las desigualdades de origen y, en consecuencia a evidenciar la falacia de la igualdad de oportunidades.
La siempre anhelada y nunca lograda conjunción entre el mérito personal y el poder político transformaría a nuestras deslucidas democracias en proyectos factibles de meritocracias. Pero ¿cómo se hace? He aquí la cuestión.
Carlos P. Mastrorilli.
