MILEI Y LA POLÍTICA DEL SHOCK

En el curso de varios encuentros entre observadores y analistas de la política argentina, surgieron dos hipótesis acerca de la anomalía del proceso que permitió el acceso de Javier Milei a la Presidencia de la República Argentina.

Si bien el punto de partida consistente en que el fenómeno Milei exhibe características excepcionales respecto del sistema capitalista-democrático vigente en nuestro país, se manifestaron dos claramente diferenciadas opiniones respecto del por qué y del cómo se llegó a la actual situación en la que se han puesto en juego gravísimas cuestiones institucionales de cuya resolución depende que se lleve a cabo o se frustre una profunda y extensa involución de la economía nacional signada por la re-primarización por un lado y por otro la valoración financiera necesaria para reproducir, una vez más y con los mismos actores, el ciclo de endeudamiento y fuga de capitales que tan perdurables daños ha infligido a nuestra sociedad.

Dicha diversidad de opiniones se manifestó cuando el debate se centró en la extravagancia psíquica del hoy Presidente, aflorando entonces un interrogante previsible: ¿por qué el sistema democrático vigente en nuestro país en el siglo xxi no alcanzó a resistir un operativo destinado, según llevamos visto en los pocos días de gobierno mileísta, a imponer los intereses del polo hegemónico del mismo sistema de poder cuyo plexo institucional debía ser vulnerado para favorecer intereses absolutamente minoritarios en relación a la estructura social argentina?

Los impulsores de la involución protagonizada por Javier Milei, han sido los factores de poder integrantes del polo hegemónico del sistema político argentino. No todos ni todos con la misma intensidad. Los nombres de Eduardo Eurnekian, Paolo Rocca, Gerardo Werthein y Eduardo Elsztain han acaparado las marquesinas del teatro en que se está representando la tragicomedia del “DNU y la Ley Ómnibus”. Pero las petroleras extranjeras, las cerealeras exportadoras de granos, los siempre menos aparentes fondos de inversión y los sectores financieros vinculados al “Toto” Caputo y sus amigos –entre otros menos relevantes– no han dejado de colaborar en la construcción del Hombre de la Motosierra de cuyos atributos personales nos hemos ocupado en otra ocasión.

A pesar de que en los mencionados cónclaves hubo un consenso casi perfecto sobre la naturaleza del Operativo Milei, impensadamente surgió un desacuerdo sobre las razones tenidas en cuenta por sus autores para lanzarlo al estrellato en este preciso momento de la historia argentina. En otras palabras: ¿por qué ahora y no cuatro años antes o cuatro años después? A partir de este crucial interrogante, luego de un trabajoso proceso de eliminación de incógnitas parciales, se arribó a la siguiente disyuntiva: los factores de poder involucrados en el Operativo Milei decidieron que la elección presidencial de 2023 era la oportunidad histórica más favorable a sus intereses porque creyeron que el capitalismo democrático vigente en el país gozaba de suficiente buena salud y entonces resultaba necesario atropellarlo con una fuerza inusitada o, por el contrario, que el plexo institucional del sistema estaba tan debilitado que no podría resistir una estrategia consistente en negociar y pactar, evitando pagar un costo excesivo en el proceso de reformular las bases estructurales de la política socio-económica preexistente. Llamaremos a esta concepción del ejercicio del poder como neogradualismo o gradualismo mitigado.

I. La hipótesis de la solidez del sistema institucional

Estaban, entonces, los que sostenían que la democracia argentina, tal como estaba diseñada, poseía la suficiente capacidad de adaptación a las condiciones impuestas por la globalización económica y financiera y también la de manejar con mediana eficacia los instrumentos del multilateralismo necesarios para dicha adaptación.

Los grupos económicos y financieros que compartían esta visión del capitalismo democrático argentino, creían firmemente que el costo irrogado por el funcionamiento del sistema era demasiado alto porque la intermediación de la clase política profesional –la casta en el neoléxico mileísta– disminuía hasta extremos intolerables para sus intereses la rentabilidad de sus inversiones tanto en la economía real como en la financiera. Idéntica opinión se sostenía respecto de la dirigencia sindical que había dado muestras, en diversas oportunidades, de su aptitud para evitar que la participación de los asalariados en el PBI fuera tan inferior como lo deseaban los factores de poder integrantes del polo hegemónico del sistema político argentino.

A los políticos profesionales y a la dirigencia sindical, ahora se debían agregar las llamadas organizaciones sociales –piqueteros por mal nombre– que se alzaban, en conjunto, con una tajada demasiado grande del PBI. Los intentos llevados a cabo en el pasado por gobiernos militares y por gobiernos de derecha elegidos democráticamente, habían no solamente fracasado en eliminar costos juzgados excesivos o francamente superfluos, sino que de rebote habían promovido un fortalecimiento de todos aquellos que aspiraban a compartir, alegando derechos inalienables, las ganancias del capital. Las experiencias de Martinez de Hoz y de las acumuladas durante el noventismo menemista, el delarruísmo y el macrismo, parecían darles la razón a estos implacables críticos del sistema político que, según ellos, debería estar al servicio de la maximización del lucro empresario y, de ninguna manera, de un intervencionismo estatal que se creyó imprescindible durante décadas para garantizar la paz social y el orden necesario para que el capital invertido genere todo el rédito posible dentro de los límites establecidos por la Constitución Nacional.

Ahora bien; los que así opinaban ¿por qué decidieron que el tiempo de la operación involutiva había llegado en 2023? La opinión más generalizada consiste en atribuirlo a la valorización mundial de los recursos naturales existentes en abundancia en la Argentina en materia de combustibles fósiles y minería –litio, cobre, tierras raras– cuya explotación requiere fuertes inversiones de capital que deberían fluir “pacíficamente” desde fondos de inversión que aguardaban el bloqueo o, más aun, la definitiva desaparición de aquellas instituciones que, en sentido amplio, o bien exigirían una participación demasiado alta en las ganancias esperadas o bien se opondrían frontalmente a la explotación de recursos no renovables por parte de los presuntos inversionistas autóctonos y de grandes grupos multinacionales sin que ello significase un crecimiento real de la renta per capita en la Argentina.

Desde un punto de vista estrictamente político, la presunta declinación de la versión cristinista del peronismo, aparecía como una ventana de oportunidad, quizá irrepetible, para eliminar un obstáculo que en repetidas ocasiones anteriores se había interpuesto al predominio absoluto del capitalismo en el funcionamiento de la democracia. La crisis del PJ, empero, no involucraba ni la del sindicalismo ni la de las organizaciones sociales las que, durante el período presidencial de Alberto Fernández, habían conseguido que los ingresos reales de trabajadores y planeros no descendieran a los niveles ínfimos que se juzgaban apropiados para garantizar las ganancias de los capitales extranjeros dispuestos a invertir en la explotación de los recursos antes mencionados. Por otra parte, a pesar del decaimiento del peronismo como movimiento aglutinante de vastos sectores de la clase media y los trabajadores, el PJ territorial conservaba la gobernación de varias provincias –entre ellas la más importante: la de Buenos Aires– y de cientos de intendencias densamente pobladas.

La conclusión a la que arribaron los que así evaluaban la situación política nacional, está lo suficientemente clara: haría falta una operación mediática que, mediante la denigración de la clase política profesional y del “intervencionismo estatal” , pudiese alcanzar el triunfo al cabo del proceso electoral que culminaría en el ballottage de Noviembre de 2023. El elegido para la tarea fue Javier Milei, protagonista del batacazo más impresionante que registra la historia argentina, según creemos haberlo demostrado en el artículo que titulamos “Anatomía de un Batacazo” publicado en la Revista Hélice.

De esta concepción situacional se desprende que el plan de acoso y derribo del sistema institucional vigente, debía ser lo más explosivo, contundente y veloz de manera tal que sus adversarios naturales no dispusiesen de la posibilidad de oponerse con éxito a su concreción en las urnas. Detrás del personaje elegido para ir al frente de la coalición oculta que lo había encontrado, entrenado y promovido, se hallaba un poderoso aparato económico-financiero que incluía a los llamados medios hegemónicos cuya participación en la mencionada coalición no era novedosa sino que databa de varias décadas atrás aunque su alineamiento frontal nunca había sido tan firme...y evidente.

El principal obstáculo que preveían los estrategas del golpe al sistema, residía en la supuesta aptitud de los partidos políticos, sindicatos y grupos de empresarios PYME -cuyo destino en el contexto de la re-primarización sería inevitablemente desastroso- para recomponer alianzas largo tiempo desactivadas y de tal manera oponerse exitosamente al combo de desregulaciones y privatizaciones previstas e instrumentadas en el DNU 70/23 y en la “Ley Ómnibus”. Estas dos barbaridades jurídicas sólo se explican por la necesidad de aplicar, sin anestesia, la doctrina del shock que tal vez constituya la principal divergencia con el macrismo clásico a quien se le achaca haber perdido el tiempo adoptando una táctica gradualista que fracasó y produjo como consecuencia inevitable el colapso de 2018.

Si se admite que el shock les resultaba imprescindible a la coalición oculta para lograr sus principales objetivos y que por este motivo no se pudo evitar la transgresión de elementales principios constitucionales, se sigue que la cuestión del tiempo resulta esencial para imponer sus reformas básicas y, en el caso del mesadinerista Caputo, para llevar a cabo por lo menos algunos de sus habituales pases de divisas y bonos que forman el meollo de la estrategia de endeudamiento y fuga de capitales. En este sentido, es preciso tener en cuenta que para que dicha estrategia pueda ponerse en práctica, Caputo y su subordinado Santiago Bausili, necesitan que el gobierno de Milei demuestre fehacientemente que está en condiciones de imponer sus medidas shockeantes al Congreso y a la Corte Suprema de Justicia y que Patricia Bullrich consiga veredizar cuanta manifestación de protesta pretenda participar en la batalla de la calle. Como es obvio, se trata de dos necesidades contrapuestas: el shock ubica fuera de la legalidad al gobierno y anima medidas de fuerza de los sindicatos, en tanto que Caputo está urgido por demostrar a sus clientes y socios del exterior que en la Argentina reina la paz. Aunque más no fuera la de los cementerios.

II. La hipótesis de la falencia del modelo capitalista/democrático argentino

Como se enunció antes, también integraban las huestes mileístas quienes, al contrario de los que creían en la solidez del sistema institucional, estaban convencidos de su decrepitud rayana con la caducidad de todos y cada uno de sus principios estructurales. Para sostener esta cosmovisión de la República, aportaban los resultados de las más variadas encuestas de opinión en las que, gentes de todas las clases sociales, manifestaban, sin ambages, su desprecio y/o su inquina respecto de los políticos, el Congreso, los jueces, los funcionarios y empleados estatales, los sindicalistas sin abstenerse de declarar el repudio más consistente hacia los piqueteros cortacalles que impedían, casi a diario, el normal desplazamiento de vehículos y personas por la vía pública.

La consecuencia directa de esta valoración del sistema socio-político e institucional de nuestro país, es la de preferir una especie de gradualismo mitigado cuya principal incidencia en el Gobierno sería la de evitar cualquier atropello contra la Constitución y las leyes fundamentales que forman la pirámide jurídica de la República. El antecedente más apreciado por estos moderados es el del menemismo que logró éxito en la consecución de objetivos análogos a los perseguidos por el “Operativo Milei” mediante la sanción de las leyes 23.696 llamada de “Emergencia Económica” y 23.697 de “Reforma del Estado” en 1992. Sus adversarios aducen que no es asimilable el balance de poder vigente en los Noventa con la situación actual en la que el gobierno de Milei depende de apoyos de aliados renuentes, en muchos casos, a convalidar desde sus escaños del Congreso, una parte no pequeña de las iniciativas generadas en la coalición oculta.

En lo que respecta al gradualismo macrista –al cual, reiteramos, se le adjudica la mayor responsabilidad en el colapso de 2018– es imprescindible tener en cuenta que la estrategia de endeudamiento y fuga de capitales protagonizada por el Toto Caputo como Ministro de Finanzas y Presidente del BCRA entre 2017 y 2018 (caso “Noctua” y del bono a 100 años, por ejemplo) se llevó a cabo exitosamente durante el gobierno de Mauricio Macri, sin que obstara a ello el denostado gradualismo para no hablar del destino dado al ingente préstamo del FMI que todavía hoy se investiga en la justicia penal federal. Para que la estrategia de endeudamiento y fuga del primer Caputo fuese practicable sin alterar la normativa vigente en materia de deuda pública, hay que tener presente la vigencia de la Ley de Administración Financiera N.º 24.156 sancionada el 29/10/92 –en plena era cavallista– que en su Art. 65 expresa que “El Poder Ejecutivo Nacional podrá realizar operaciones de crédito público para reestructurar la deuda pública y los avales otorgados en los términos de los artículos 62 y 64 mediante su consolidación, conversión o renegociación, en la medida que ello implique un mejoramiento de los montos, plazos y/o intereses de las operaciones originales” Por su parte el Art. 57 de la misma Ley define qué debe entenderse por deuda pública incluyendo bajo esta denominación “a) La emisión y colocación de títulos, bonos u obligaciones de largo y mediano plazo constitutivos de un empréstito; b) La emisión y colocación de Letras del Tesoro cuyo vencimiento supere el ejercicio financiero; c) la contratación de préstamos… f) La consolidación, conversión y renegociación de otras deudas.”

Esta formidable delegación de facultades del Poder Legislativo al Ejecutivo a pesar de lo normado por la Constitución en los incisos 4 y 7 del Art. 75, ha sido justificada por renombrados juristas como es el caso de María Angélica Gelli quien en la página 480 de su tratado sobre la Constitución Argentina expresa: “La atribución del Congreso de arreglar el pago de la deuda pública, interna y externa de modo directo ha devenido de cumplimiento imposible dado la magnitud que aquella deuda ha adquirido. En consecuencia el Congreso ha delegado en el Poder Ejecutivo la negociación, reprogramación y pago de deuda e intereses, contemplando el interés de la Nación en su conjunto”. Conforme con esta doctrina la Segunda Venida en gloria y majestad de Luis Caputo, bien podría haber prescindido del DNU y de la Ley Ómnibus pues la delegación de facultades en materia de deuda pública que constituye el núcleo duro de sus objetivos personales y de sus asociados, estaba consumada más de 30 años antes de su renovada designación por decreto del Presidente Milei.

No obstante lo anterior, Caputo necesita como el pan que el Congreso apruebe dos artículos incluídos en la Ley Ómnibus. Uno de ellos es el que deroga la Ley N.º 27.612 –llamada “Ley Guzmán” de Marzo de 2021– que establece la obligación del Poder Ejecutivo de tener autorización del Congreso para emitir bonos en moneda extranjera cuando se excediera la previa autorización presupuestaria. En efecto; el Art. 1º de esta Ley establece que :”Toda emisión de títulos públicos en moneda extranjera y bajo legislación y jurisdicción extranjeras que supere dicho porcentaje –el fijado en la Ley de Presupuesto– requerirá de una ley especial del Honorable Congreso de la Nación que la autorice expresamente”. Como se advierte a primera vista, se trata de una disposición que tiene como objetivo limitar la operatoria del Ministro de Economía, imponiéndole un trámite que tiende a controlar las negociaciones en materia de deuda pública.

La otra aspiración de Toto es la aprobación, lo antes posible, del Art. 226 de la Ley Ómnibus que establece: “Dispóngase la transferencia de los activos del Fondo de Garantía y Sustentabilidad creado por el Decreto 867/07 al Tesoro Nacional. Facúltase al Poder Ejecutivo Nacional a adoptar todas las medidas necesarias para la instrumentación de lo previsto en el presente artículo”. El FGS administraba, a fines de Noviembre del año pasado valores por una suma estimada en 76.000 millones de dólares, una suma que Caputo estima como altamente apetecible para avalar sus manipulaciones financieras. Curiosamente, en el texto del proyecto de ley transcripto, se cita erróneamente el Decreto de creación del FGS cuyo número correcto es 897/07.

El FGS fue creado con las siguientes finalidades, según el Art. 1º de dicho Decreto: “a) Atenuar el impacto financiero que sobre el régimen previsional público pudiera ejercer la evolución negativa de variables económicas y sociales; b) Constituirse como fondo de reserva a fin de instrumentar una adecuada inversión de los excedentes financieros del régimen previsional público garantizando el carácter previsional de los mismos; c) Contribuir a la preservación del valor y/o rentabilidad de los recursos del Fondo; d) Atender eventuales insuficiencias en el financiamiento del régimen previsional público a efectos de preservar la cuantía de las prestaciones previsionales.”. La administración del FGS se atrbuía a la ANSES, como resultaba de toda lógica dadas las finalidades antes mencionadas.

La otra pretensión de Caputo relacionada con el sistema previsional, se refiere a la movilidad de los haberes jubilatorios, materia ésta de evidente trascendencia vista la aceleración del ritmo inflacionario en nuestro país. En este sentido el Art. 106 de la Ley Ómnibus suspende la aplicación del Art. 32 de la Ley N.º 24.241 y faculta al Poder Ejecutivo para establecer una “fórmula automática” de ajuste de las prestaciones previsionales, lo cual ha sido interpretado como la implantación de un sistema arbitrario de ajustes por decreto. Sobre la índole de estos aumentos de las prestaciones por la sola voluntad del P.E es preciso recordar que al iniciar su gestión ministerial, Caputo anunció que dichas prestaciones deberían reducirse en un 0,5% del PBI lo cual demuestra qué futuro le esperan a los ingresos de jubilados y pensionados si el traspaso llegase a hacerse efectivo.

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El retorno de Caputo, ahora como Superministro de Economía y verdadero manager del Banco Central, se produce en plena vigencia de la política de shock impulsada por los más conspicuos miembros de la coalición oculta. En principio ¿no habría que suponer que nos hallamos frente a una contradicción entre las necesidades de Caputo para reiniciar el proceso de endeudamiento que es la base de sus negocios financieros y las de la mencionada coalición que requiere la máxima velocidad y contundencia en la aplicación de las desregulaciones y privatizaciones de las cuales piensan extraer beneficios extraordinarios para ellos y sus socios del exterior?

Caputo necesita demostrarle a los especuladores financieros, que serían los inversores en los títulos que él piensa emitir, que el gobierno de Milei tiene la capacidad de superar los obstáculos que han aparecido en el Congreso y en la CSJN y tribunales inferiores, además de imponer el tipo de gobernabilidad en las calles que alienta la Ministro de Seguridad Patricia Bullrich. De ahí que el caputismo – que ya ha hecho parte del trabajo sucio con la maxidevaluación del tipo de cambio oficial y la liberación de todos los precios al consumidor- se esté sintiendo estresado porque ninguna de las condiciones extrafinancieras que se le exigen en Wall Street están siendo cumplidas eficazmente.

Los partidarios del gradualismo mitigado, como se dijo, parten de un principio que consideran históricamente comprobado: cuando los adversarios – reales o presuntos- de las políticas que se pretenden llevar a cabo son – o están- lo suficientemente débiles, es innecesario y contraproducente aplicar la doctrina del shock que, inevitablemente, conllevará múltiples transgresiones al sistema institucional vigente generando daños innecesarios a la estructura de la sociedad como bien lo demostrara Naomi Klein en su célebre libro “La Doctrina del Shock. El auge del capitalismo del desastre”. Este pensamiento, coincide con la estrategia de aproximación indirecta expuesta por Sir Basil Liddell Hart que se opone a la doctrina del choque frontal en las conflagraciones bélicas y recomienda la adopción de tácticas de desgaste progresivo de las fuerzas enemigas mediante el uso de maniobras de distracción que incluyen el disimulo o el ocultamiento de la superioridad de la fuerza propia. En otras palabras: si los adversarios políticos se encuentran en una situación de debilidad operativa, la política del shock implicará elevar innecesariamente los costos de imponer los objetivos perseguidos debido al inevitable reagrupamiento de los enemigos en los que el shock ha hecho impacto. En resumidas cuentas: no gastar pólvora en chimangos.

En la política argentina, los neogradualistas sostienen que el kirchnerismo, considerado el principal enemigo de los objetivos compartidos por Mauricio Macri y Javier Milei, se encontraba en un estado de debilidad estructural como partido político, concitando un alto nivel de imagen negativa en la opinión pública. Las maniobras de desgaste implementadas por los medios hegemónicos, contribuían a profundizar el repudio a la versión massista del peronismo lo cual garantizaría, como así sucedió, la derrota electoral de Unidos por la Patria.

En cuanto a las ventajas de evitar el choque frontal con los adversarios institucionales de los planes libertarios, éstas se derivarían del hecho de que las negociaciones con cada uno de ellos se entablarían desde la posición de máxima fuerza consecuencia natural de la plena disposición del titular del Poder Ejecutivo de las amplísimas atribuciones otorgadas por el régimen constitucional presidencialista, lo que unido al desprestigio del Congreso permitiría, en un plazo no mayor de un año, ir sacando las leyes necesarias para imponer las extensas y profundas reformas jurídicas, económicas y sociales que son las razones de ser del “Operativo Milei”.

Pero lo cierto es que, desactivada la influencia del macrismo en el seno de la coalición oculta, Milei optó claramente por la política del shock con la lógica consecuencia de facilitar la conjunción de todos los intereses políticos, económicos y sociales agredidos por el ataque frontal contenido en el DNU y la Ley Ómnibus que hoy se debaten en la Cámara de Diputados. Lo cual ha provocado, como lo auguraban y temían los neogradualistas, la generación de una dinámica política de fortalecimiento de los enemigos naturales de los planes e intereses dominantes en el “Operativo Milei”. Los adversarios débiles y desprestigiados, con los que se podía negociar ventajosamente, se están reagrupando hasta el punto de infiltrarse en las bancadas de diputados y senadores de las fuerzas aliadas al mileísmo sin el concurso de las cuales muchos de los objetivos de la coalición oculta podrían tornarse inalcanzables.

Es muy importante tener en cuenta que en el debate entre los partidarios del shock y los neogradualistas, se involucran dos cuestiones, en principio diversas: son las que versan sobre las formas y los contenidos de las normas que el gobierno requiere imponer para lograr sus objetivos en materia económica y social. En lo que se refiere a las formas, el DNU y la Ley Ómnibus transgreden diferenciadamente dos aspectos de los procedimientos legislativos. En tanto el DNU es manifiestamente inconstitucional, la Ley Ómnibus peca por violar frontalmente dichos procedimientos al tratar de imponer sus contenidos evitando plantear el imprescindible debate sobre cada una de las materias incluídas en su vastísimo articulado. En ambos casos, se trata de acelerar la aplicación de decisiones ya adoptadas en el estrecho espacio de la coalición oculta.

En cuanto a los contenidos, pareciera ser que varios de los más trascendentes en materia económica y financiera gozarían de la aprobación de los bloques de la UCR, el PRO y del pichettismo con lo cual de haberse evitado ejercer presiones insólitas para que el Congreso aprobara el paquete tal como fuera enviado al Congreso y se hubiera respetado el procedimiento normal mediante el envío por separado de cada proyecto de ley de interés prioritario del P.E, es probable que, dada la conformación de los bloques en el Congreso, Milei hubiese logrado cumplir con sus compromisos con los verdaderos beneficiarios de la normativa propuesta. Claro está que el insumo de tiempo sería mucho mayor y que las respuestas extralegislativas, como el paro de la CGT previsto para el 24 de Enero, incidirían inevitablemente en los debates en ambas Cámaras del Congreso.

Entonces… ¿porqué Milei?

En el curso del proceso electoral que culminó con el acceso de Javier Milei a la Presidencia de la República, el candidato libertario reiteradamente expuso que apelaría al shock en la implementación de las medidas imprescindibles para evitar el Apocalipsis económico y social que exponía como próximo a desencadenarse. Los que supusieron que al necesitar de los votos obtenidos por la Bullrich en Octubre, Milei iba a moderar sus intenciones de shockear a la sociedad nacional en su conjunto, se equivocaron: la coalición oculta – ya no tan recóndita- estaba urgida por concretar las desregulaciones y privatizaciones que constituyen el núcleo duro del “Operativo Milei” en cuya planificación y desarrollo habían invertido tanto dinero y tantas energías. El 90% de los votos que optaron por Patricia se trasladó a Milei en Noviembre sin que ello significara declinar ninguno de los principales objetivos de los forjadores del mileísmo. “Hay que pegar fuerte y de inmediato” fue su consigna. Tal vez porque los más ilustrados entre ellos, creen que el tiempo de que disponen es un factor muy escaso y que no hay que desperdiciar ni un día en la tarea de mantener aislados y boquiabiertos a quienes poseen la capacidad de resistir y hacer fracasar los formidables negocios que tienen en carpeta.

La controversia entre los que sostienen que dada la debilidad política de los adversarios del mileísmo un ataque frontal a sus posiciones significaría pagar un costo demasiado alto para imponer el plan “oficial”, tienen por cierto que una negociación hábilmente programada terminaría asegurando los principales objetivos de la coalición oculta evitándose de esta manera incurrir en transgresiones como las que generan el DNU y la Ley Ómnibus. Además, respecto de esta última, opinan que, de todas maneras, la negociación ya se ha entablado en la Cámara de Diputados y que el “todo o nada” tantas veces declamado por Milei ya ha quedado superado en los hechos.

Esos mismos analistas toman como ejemplo del acierto de su opinión, la relación de Milei con el Partido Radical. En el curso de la campaña electoral, en varias oportunidades el actual Presidente se refirió públicamente a los radicales en forma insultante y peyorativa. Así, el 24 de Septiembre de 2023 declaró que Raúl Alfonsín no fue otra cosa que “el fracasado hiperinflacionario de Chascomús”. Días antes había declarado que la mejor terapia contra el stress que le provocaba su participación en el proceso electoral “fue comprar un muñeco al que le pegó una cara de Alfonsín al cual golpeaba todas las mañanas” Incluso tuvo expresiones despectivas respecto de Hipólito Yrigoyen del que llegó a decir que con él “se había iniciado el ciclo de la decadencia argentina”. Hay que recordar que a pesar de estas diatribas, la UCR felicitó tal vez demasiado efusivamente el triunfo de Milei en el ballottage, prometiéndole la máxima “cooperación republicana” con su futuro gobierno. Para más inri, el diputado nacional Rodrigo de Loredo, quien actualmente preside el bloque de la UCR, manifestó en varias oportunidades que la voluntad de su partido era acompañar las reformas contenidas en la Ley Ómnibus pues “están de acuerdo con muchísimas de ellas” y, con respecto al DNU, aseguró que su bloque “no va a liderar ningún rechazo a nada”. Aunque en los últimos días debió salir a declarar que la UCR no soportaría las “extorsiones” de Milei al Congreso, quizá obligado para mantener la unidad del bloque que preside.

Si bien han circulado versiones que apuntan a instalar en la opinión pública que las iniciativas legislativas de shock propugnadas por el Poder Ejecutivo habían tenido el efecto de dividir en “halcones” y “palomas” a las autoridades del partido y a la bancada de diputados de la UCR, lo cierto es que si esto fuese cierto la tesis de los neogradualistas se vería ratificada: los partidos presuntamente ajenos a la coalición oculta no poseen una siquiera mediocre capacidad de resistencia a las decisiones que pretende imponer el Presidente por lo cual, explican, los contenidos de las normas que pretende imponer Milei podrían haber sido pactadas con los tres bloques autodefinidos como negociadores sin necesidad de violar ninguna norma constitucional y, de esa manera, se hubiera evitado la judialización de todo el paquete shockeador.

Sin embargo, hay otra realidad que es preciso tener en cuenta si se desea comprender correctamente el por qué del apresuramiento del mileísmo. Se trata de la cuestión del tiempo. En efecto: las medidas puestas en práctica efectiva por el Poder Ejecutivo, han disparado la inflación hasta niveles próximos a la hiper. La política monetaria de Caputo ha vulnerado los ahorros en pesos de vastos sectores de la clase media. La desviación de los objetivos del FGS, que se pretende poner a disposición del Tesoro afectan la seguridad de los recursos previsionales. Los efectos ya vigentes del DNU en materia laboral, tienden a nulificar la actividad sindical de defensa de los derechos de los trabajadores, etc,etc.

Conforme con estos hechos, el paro de la CGT programado para el próximo 24 de Enero, será una verdadera ordalía para el actual Gobierno. El DNU 70/23 ya está provocando durante su vigencia provisoria, efectos negativos sobre el monto de las indemnizaciones por despido; la estabilidad del empleo publico; limitación del derecho de huelga; la creación de la figura jurídica del trabajador independiente colaborador que elimina la relación de dependencia tendiendo a imponer la normativa propia de la locación de servicios propia del Derecho Civil, etc. etc. Conforme ha trascendido, la intención de la coalición oculta es la de reducir al 35% la participación de los trabajadores en el PBI, que actualmente es del 44,6%

Todo este arsenal dedicado a poner en práctica la más grande transferencias de ingresos desde las clases medias y los trabajadores hacia los sectores más concentrados del capital, ha de provocar inevitablemente fuertes conmociones sociales e irrogará daños tal vez irreparables al sistema político-institucional de la República. Es por estas razones que cualquier demora o traspié legislativo o judicial impulsa a Javier Milei a incurrir en agresiones verbales cotidianas contra quienes supone tienen la capacidad de oponerse a sus iniciativas.

No obstante este deprimente cuadro de situación, hay un hecho que quienes quieren asumir el rol de verdaderos opositores al programa de la coalición oculta, no pueden ignorar: la palabra y la gestualidad del Hombre de la Motosierra fueron instrumentos aptos para que Milei lograra el éxito como candidato pero resultan contraproducentes a la hora de gobernar. Milei candidato ya fue. A Milei Presidente el tiempo le juega en contra.

Carlos P. Mastrorilli