POLÍTICA Y LEGISLACIÓN: HACIA UNA NUEVA HEGEMONIA CULTURAL SIN LIBERTADES

¿De dónde viene la amenaza de la corrección política? Una perspectiva histórico-política.

La corrección política, herramienta del identitarismo, esa nueva ideología total que nos anega, parte paradójicamente de uno de los pasos más trascendentes dados en la historia de la humanidad: el alumbramiento de la idea de dignidad. Es en la antigua Grecia donde, como dice Francisco Javier Conde, se “descubre una nueva manera de acercarse a las cosas. Una manera no externa sino interna a las cosas mismas (…) El proprium de las cosas es la primera y genial intuición helénica”¹. Esa capacidad de reflexión, junto con el deseo humano de reconocimiento, el thymós griego, se sustancia en la idea de dignidad recogida en “La república” de Platón, circunscrita aquí al guerrero, pues era el que estaba dispuesto a dar su vida para defender a la comunidad.

Con el cristianismo, la dignidad del ser humano se expande y universaliza. Todos somos dignos, pues somos criaturas de Dios hechos a su imagen y semejanza, con capacidad para elegir moralmente y ayuntados en comunidad a través de la Charitas. Santo Tomás señala que la creación es obra de la voluntad de Dios guiada por su razón absoluta, pero Guillermo de Ockham acentúa la voluntad frente a la razón. Es decir, Dios crea las cosas, pero una vez creadas existen por sí mismas. Esta grieta la aprovecha el protestantismo -y aquí ya entramos en una fatal deriva- asociando dignidad con individuo y cortando los lazos con la comunidad: el ser humano no es ya individualización de la especie sino individuo a secas. El paso más allá que da Rousseau -y mucho después Freud- es crucial: el ser humano no solo puede elegir moralmente, sino que está también lleno de emociones, sentimientos y pasiones que están reprimidos en sí. La dignidad está ahora centrada en recobrar esos sentimientos reprimidos y “liberar” al individuo. Marx continúa por esa senda y relativiza nuestra naturaleza aún más, argumentando que la razón no posee formas a priori, categorías eternas e inmutables para comprender nuestra realidad, sino que varían históricamente; lo trascendental son las relaciones sociales, esa es la única realidad. Sorel lleva esto al puro ámbito de la política y niega que esta sea explicable por la razón. Solo la tensión irracional es creadora, solo las ideas impregnadas de gloria (los mitos) prenden y mueven a actuar a los individuos.

Así, transidos de sentimentalismo e irracionalismo, y siendo conocedores del poder galvanizante del mito -y muy a pesar de los devastadores efectos que estas ideas tuvieron en la primera mitad del siglo XX- llegamos a los años 60 del siglo pasado. La izquierda empieza a reflexionar sobre su fracaso, empieza a no ver alcanzables o viables sus aspiraciones clásicas de socialización de los medios de producción, internacionalización del socialismo y sustitución del capitalismo. Renuncia a revolucionar el sistema económico y a la lucha de clases y se centra ahora en revolucionar los valores, las costumbres y las creencias, cobijado en ese deformado concepto de dignidad de la persona que dice defender. Se trata de lo que el profesor Francisco José Contreras ha llamado “un magma liberacionista y freudomarxista [o sesentayochismo] que incluye: ideología de género, permisividad sexual, aborto libre, cuestionamiento de la ‘familia tradicional’, hostilidad al cristianismo, pacifismo buenista, multiculturalismo ‘asimétrico’ (idealización de las culturas no occidentales y denigración de la occidental), ecologismo ‘profundo’, anti-industrial y anti-humanista, etc.”². Es la victoria de los Reich, Marcuse y Gramsci.

Desde los años 70 hasta la actualidad, la izquierda promueve su nueva agenda en el ámbito político, en los medios de comunicación -pensemos en el auge de la televisión y los productos audiovisuales y, desde hace 20 años, de Internet-, en sus grupos de presión, y en las instituciones educativas. Para que cale el mensaje sin oposición, trata al mismo tiempo de dinamitar las instituciones que representan los más firmes diques de contención frente a su neo-revolución: la Iglesia, la familia y el Estado de Derecho. Incluso en crisis como la que se inicia en 2007 dando lugar a la Gran Recesión, producto de la connivencia del poder político con el económico en un entramado corrupto típicamente progresista, o la del COVID-19, dramático ejemplo de la ineptitud de los socialistas de todos los partidos, la izquierda consigue imponer su mensaje, culpabilizar al “mercado” y dar otro paso más en la estatalización de la sociedad. En un mundo en el que lo nuevo, la velocidad, lo superficial, el egoísmo y las pasiones crecen, la tradición, los valores sólidos, la comunidad, la razón y la ley menguan. Se quedan sin espacio y oxígeno. Se hacen invisibles y, en la conciencia de una creciente mayoría de personas, inservibles, inútiles³. Solo queda el Estado por el que, en la mente de muchos, bien vale renunciar a la libertad.

Así pues, desde hace poco más de un lustro, venimos familiarizándonos con cierta facilidad en las sociedades occidentales con el concepto denominado “cultura de la cancelación”, el cual consiste simplemente en que un personaje público puede decir algo inconveniente y ofensivo para la mayoría progresista -casi siempre, a través de las Redes Sociales-, lo que rápidamente desencadena una brusca reacción que persigue la “cancelación” de su persona en toda su dimensión, menoscabando su reputación profesional, sus ideas y hasta su propia personalidad. Este modus operandi tan poco respetuoso con la libertad es el que se está trasladando del ámbito social al ámbito político, lo que supone un verdadero peligro para la propia existencia de nuestros sistemas democráticos y representativos.

De la sociedad al Parlamento. Las leyes identitarias como punta de lanza progresista

Una vez asentadas las ideas sesentayochistas en nuestra cotidianeidad, en nuestra manera de hablar y pensar y en lo que constantemente oímos y vemos en los medios, la izquierda fragmenta la sociedad en dos campos: aquellos que defienden lo “bueno” y aquellos retrógrados que se resisten a los nuevos tiempos y que, consiguientemente, son “malos” y deben ser expulsados de la sociedad. Para ello, y ante las crisis de seguridad (2001), financieras (2007 y 2020), de salud (2020) y, fundamentalmente, de confianza que nos han sacudido en las dos últimas décadas, la izquierda da un paso más a través de lo que se ha denominado “identitarismo”. El punto de partida lo conocemos: una supuesta defensa de la dignidad de las personas, pero no de la persona en sí, sino de la dignidad de determinados colectivos. Esta bizarra atomización tiene un doble objetivo. Primero, hacer sentir -y el sentimiento es la clave- a personas que se sienten vacías (recordemos el ataque a la Iglesia, la familia y la comunidad) y víctimas de injusticias reales o imaginarias, como miembros de un grupo que las respalda. De un grupo que es defendido por la izquierda en el foro público. Y segundo, incidir en ese maniqueísmo de “buenos” y “malos” para cobrar una creciente legitimidad que permita a la izquierda utilizar o amenazar con hacer uso de la coerción del Estado para hegemónicamente perpetuarse en el poder.

En este contexto, la corrección política es el bozal que el progresismo nos ha puesto a los “malos”. Es decir, a todos aquellos que no comulgamos con el mantra oficial. Un bozal para que no gritemos que “el rey va desnudo”. La victoria del sesentayochismo en lo social no es, sin embargo, completa. Como el poblado galo de Astérix y Obélix, hay un grupo de irreductibles que se resisten a agachar la cabeza frente a la corrección política porque creen que la verdadera dignidad del ser humano tiene su raíz en Dios, en el libre albedrío que nos ha conferido y en los lazos que existen entre uno y el prójimo. Personas que piensan que es más lo que nos une que lo que nos separa, que el intercambio de ideas diferentes ayuda a encontrar soluciones, y que la fragmentación identitaria solo puede llevar al odio, al rencor y a la violencia. Personas que consideran que tienen derecho a reflexionar e ir más allá (sapere aude!), a tener ideas propias y a expresarlas. Personas que tienen fe en la razón y razones para tener fe.

La resistencia no queda ahí. Como cualquier apuesta revolucionaria, la deriva identitarista es autodestructiva. Un creciente número de progresistas que defendieron con vigor los postulados sesentayochistas, se ven ellos mismos atacados por las nuevas generaciones revolucionarias por no ser suficientemente revolucionarios. Y salen así de su error. No existe tanta distancia entre el asesinato de Danton y el asesinato civil o “cancelación” en neolengua, de J.K. Rowling, la escritora de Harry Potter, cuando empezó a tuitear sus opiniones -por otra parte, puro sentido común- sobre la base biológica del sexo y el género.

Evidentemente, estos focos de resistencia suponen un riesgo para la izquierda. De ahí que en los últimos 15 años se hayan redoblado los esfuerzos por llevar la agenda progresista a los Parlamentos. El caso paradigmático y más cercano que tenemos es Podemos, alzado en hombros por los medios de comunicación tras el 15-M y llevado en volandas hasta la bancada azul del gobierno de España. El objetivo era y es claro: control del Ejecutivo y del Legislativo para la aprobación de leyes identitarias que solidifiquen el discurso y la agenda sesentayochista ya dominantes en la sociedad, y que actúen de punta de lanza coercitiva frente a esos focos de resistencia integrados por contrarrevolucionarios y desertores de la causa identitarista.

Aquí es donde la lucha contra el Estado de Derecho y sus instituciones cobra importancia. “Los españoles son iguales ante la ley”, señala el artículo 14 de la Constitución Española (CE), “sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”⁴. El artículo 9.2 CE añade que “corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social”.

Estos mandatos constitucionales casan mal, sin embargo, con las leyes identitarias. En primer lugar, porque ya afirma el artículo 14 la igualdad de todos e impide la discriminación, principal justificación expresada por aquellos que promueven dichas leyes, haciéndolas en el mejor de los casos repetitivas e innecesarias; y, en segundo lugar, porque por su propia naturaleza las leyes identitarias otorgan privilegios a ciertos colectivos por el mero hecho de serlo. Mientras que en el impedir la discriminación negativa no hay duda, en la promoción de la discriminación positiva el asunto no está para nada claro y tendría en cualquier caso que darse en casos muy justificados⁵. En cualquier caso, el interés general ha de anteponerse a intereses particulares⁶, lo contrario sería a todas luces injusto, pero es exactamente lo que consiguen las leyes identitarias y aquellos que las promueven, haciendo oídos sordos al artículo 9.2 CE y al propio Tribunal Constitucional. El artículo 14 CE, además de ser un principio general del derecho y un derecho subjetivo de los ciudadanos, también constituye para el Tribunal Constitucional “una limitación del poder legislativo, que impide que el legislador pueda dictar normas jurídicas introduciendo desigualdades”⁷.

En palabras del escritor Juan Soto Ivars, “es la condición de ciudadanía lo que ha igualado más a los diferentes, fueran hombres o mujeres, negros o blancos. Es la condición de ciudadanía lo que permite agruparse en libertad a quienes tienen intereses parecidos y problemas similares para que el débil no sea pisoteado por los que son más fuertes, más numerosos o más hábiles […] La igualdad ante la ley y la igualdad de oportunidades son siempre el resultado de la calidad de la democracia: si ésta enferma o es boicoteada por otros poderes, entonces la desigualdad económica galopa, la clase política se corrompe y la cultura provoca tensión y malestar”⁸.

Del mismo modo, la coercitividad de las leyes identitarias se contrapone frontalmente con la libertad de expresión recogida en el artículo 20 CE, y con el necesario libre intercambio de ideas. Como señala Lorenzo Bernaldo de Quirós, “la filosofía de la identidad política profesada por la izquierda contemporánea supone una amenaza al discurso racional crítico necesario para preservar y sostener el sistema democrático”⁹. Contra la libertad de expresión, la izquierda comete sus peores contradicciones. Promueve la despenalización del delito por ofensa a los sentimientos religiosos o de injuria a la Corona y otras instituciones¹⁰, al tiempo que restringe por ley cualquier disenso frente a la interpretación progresista de la Historia¹¹ o tipifica como autores de un delito a quienes “se dirijan a otra persona con expresiones, comportamientos o proposiciones de carácter sexual que creen a la víctima una situación objetivamente humillante, hostil o intimidatoria”¹². Como es fácilmente deducible, la clave está en las palabras “expresiones” y “humillante” que se prestan fácilmente a cualquier tipo de arbitrariedad, abuso e injusticia.

Al pasar de la censura social, de la que la “cultura de la cancelación”¹³ es su expresión más depurada, a la censura legal -sobre todo penal- el sesentayochismo y el identitarismo han entrado en un último estadio represor. Al menos, el último antes de la violencia directa. ¿Podemos hacer algo al respecto?

Fernando Nistal González

Secretario Académico de CEU-CEFAS