(Primera parte.)
Argentina se está adentrando en un nuevo proceso electoral que tendrá por resultado, además de la renovación de legisladores, gobernadores e intendentes, la elevación de un candidato a la Presidencia de la República. En este ensayo intentaremos confrontar la índole de este proceso con las exigencias teóricas respecto de las condiciones que debe poseer el voto ciudadano para sustentar un gobierno legal y legítimo.
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Puede decirse sin temor a errar, que esta elección es notablemente atípica si se la compara con lo que se considera “normal” en lo que hace a las justas democráticas. Cierto es que el antecedente más cercano – la elección de Alberto Fernández en 2019 – tampoco constituye un modelo de alternancia en el ejecicio del poder político. Basta para sostener este aserto que el ex Jefe de Gabinete de Néstor y Cristina fue votado por una importante cantidad de ciudadanos que difícilmente hubiesen elegido a Cristina si ésta se hubiera presentado como aspirante a un tercer mandato presidencial. Se ha dado en este caso algo semejante a lo sucedido en 1973 con aquello de “Cámpora al Gobierno, Perón al poder”.
En lo que hace al proceso actualmente en curso, si algo exhibe como indubitable es la proliferación de aspirantes que responden tanto al oficialismo como a la oposición. Lo que equivale a decir que el panorama electoral a nivel presidencial se destaca por lo confuso e imprevisible aun cuando se admita que en las actuales democracias posicionales el oportunismo abarca tanto a quienes ocupan la derecha como la izquierda del espacio político nacional.
Como lo he manifestado en diversas oportunidades, la democracia posicional ha desplazado por completo el sentido que tradicionalmente se otorgaba a la ideología como factor estructurante de los partidos y, en consecuencia, de todo el sistema democrático inherente al gobierno del Estado de Derecho. En las actuales circunstancias el conflicto de intereses existente entre los distintos grupos de presión y entre los factores de poder, imposibilita alcanzar una situación más o menos estable en la que los partidos políticos – y con ellos la clase de los políticos profesionales – funcionen como auténticos representantes de dichos intereses en el espacio institucional y, en consecuencia, puedan ser “regulados” y/o “controlados” por las autoridades surgidas de elecciones ajustadas a la normativa jurídica regida por la Constitución. El principal resultado de esta situación es que los procesos electorales se despliegan con un alto contenido de imprevisibilidad lo cual, inevitablemente, genera una “sensación” de vacío de poder dada las limitaciones que se presentan en relación al futuro que aguarda al gobierno emergente del resultado electoral cualquiera que éste fuese.
Por otro lado, está suficientemente claro que la continuidad de la prolongada crisis económica y social remite, inevitabelmente, a dotar de una centralidad cuasi absoluta a los elementos constitutivos de dicha crisis que como la inflación, la deuda pública y la llamada restricción externa, deberían influir decisivamente en la intención de voto de la ciudadanía. A su vez, la permanente inestabilidad de la economía real y de las finanzas públicas, impacta fuertemente en el funcionamiento de la sociedad civil aun cuando el votante – como individuo – carezca de los conocimientos necesarios para vincular los fenómenos macroeconómicos a las angustias derivadas de la insatisfacción de sus necesidades básicas y/o culturales.
En efecto; la sociedad urbana de masas que hoy constituye la principal estructura demográfica del país, se ve influida por fenómenos y anomalías que afectan negativamente las interacciones sociales y producen consecuencias de indiscutible gravedad tales como el auge del crimen organizado cuyo elemento más destacado es el narcotráfico que, a su vez, provoca un incremento constante de la inseguridad pública. La vinculación inevitable de la pobreza y la indigencia crecientes con las múltiples situaciones de inseguridad no puede separarse de la aparición de una nueva clase de lumpenproletariado que depende exclusivamente de los “planes” y “subsidios” que constituyen una parte muy significativa del gasto público estatal. Y no debe olvidarse que el comportamiento electoral de esta nueva clase social, desemboca casi sin excepciones en un crecimiento del voto cautivo que, por motivos obvios, favorece abiertamente al oficialismo kirchnerista.
En cuanto a la oposición al actual gobierno de Alberto Fernández, una coalición formada por el PRO, la UCR y la Coalición Cívica-ARI, desempeña el rol de principal adversario electoral del oficialismo y aparece como el rival más aparente de cualquier formación que ocupe la posición del PJ, sea en la versión CFK del kirchnerismo o bien que el peronismo presente una opción “por fuera” de aquélla.
Es obvio que esta coalición opositora ocupa la posición de derecha aunque el radicalismo – que se ubica en el centro del espectro político – también ha proporcionado figuras destacadas al actual gobierno tales como Leopoldo Moreau, incluyendo a un personaje emblemático como Ricardo Alfonsín, vástago de Raúl bajo cuyo protagonismo en la UCR el partido formó parte de la Internacional Socialista. Sin embargo, el fracaso de “Cambiemos” – hoy “Juntos por el Cambio” – sostén del gobierno de Mauricio Macri (quien recientemente declaró que el insólito préstamo otorgado por el FMI en 2018 lo fue para que él ganara la elección que terminó con el triunfo de la fórmula AF-CFK) ha erosionado hasta extremos aun no demasiado precisos el prestigio de Macri en lo que hace a su imagen pública, además de haber generado una patente desconfianza en los que otrora fueron sus más decididos apoyos empresarios.
Tanto a raíz del fracaso del gobierno de Macri como de las anfibologías, tergiversaciones, falacias y contradicciones de la coalición opositora, apareció en el escenario político una figura que ha concitado notable atención en el curso del presente proceso electoral: el economista Javier Milei quien, según diversas encuestas, habría alcanzado una cifra de intención de voto de entre el 15 y el 17% entre individuos aptos para sufragar en la elección presidencial. Es de hacer notar que más allá de las propuestas que Milei ha lanzado con el fin de galvanizar a la opinión pública – tales como cerrar el BCRA – lo que Milei está explotando hasta el tuétano es la denuncia de la casta político-profesional, categoría ésta de la cual él obviamente se excluye.
Tal vez la nota más destacada en el presente curso electoral sea un hecho evidente que no ha sido, hasta ahora, analizado en profundidad. Esta es que las propuestas que ofrecen los principales exponentes de JxC comparten dos elementos claramente discernibles: o son banales y por lo tanto inservibles para dejar atrás los aspectos más deplorables de la actual crisis o bien son imposibles de llevar a cabo dado el balance de poder real entre la oposición y el FdT.
El cuadro que se presenta al ojo del analista, entonces, es pródigo en elementos que tienden a deteriorar el espacio institucional y, por ende, a dificultar la gobernabilidad en el próximo período de cuatro años. Entre las anomalías más destacables que exhibe el panorama político actual merecen ser tenidas en cuenta las siguientes:
La idea de la grieta: un pretexto para no pensar. La peregrina idea de que la grieta es lo que impide abocarse a dar una solución real y efectiva a la omnipresente crisis que afecta a la sociedad es una necedad que desemboca en una consecuencia absurda: si Cristina y Mauricio como líderes de las coaliciones rivales se pusieran de acuerdo en una especie de pacto de gobernabilidad (tipo La Moncloa) nuestros problemas más conflictivos podrían resolverse para bien de todos los sectores sociales y factores de poder hoy ardidamente enfrentados. Lo peor de esta falacia es que impide de varias maneras observar la realidad de frente a partir de un planteo, todo lo complejo que se crea, de una situación que tiende a perpetuarse por cuatro años más.
Las coaliciones ¿un mal necesario? Como se sabe existen dos tipos de coaliciones: la que se arma para ganar una elección y la que sirve para gobernar con alguna racionalidad. Entre nosotros tanto el FdT como JxC se han concebido como instrumentos electorales. Basta tener en cuenta los conflictos y contradicciones que abundan en ambas formaciones para concluir que ninguna de las dos está en condiciones de aportar políticas de Estado al servicio del bien común. Por otra parte, los actores que vienen desempeñando los principales roles en la escena en la que se representa el Gran Drama Nacional, hace tiempo ya que no resisten la prueba del tiempo: o han olvidado el guión que les permitió ser protagonistas alguna vez o nunca supieron de qué se trata el libreto. ¡Que nos devuelvan la plata de las entradas!
Sobre las PASO y la selección de los candidatos. Tanto en las democracias estructuradas de acuerdo a criterios ideológicos como en las hoy dominantes democracias posicionales, la elección de los gobernantes consta de dos etapas bien diferenciadas. La primera y básica es la que permite convertir a un ciudadano de a pie en candidato a cualquier cargo electivo. La segunda, es la que rige la conversión de un candidato en gobernante, sea como legislador o titular del Poder Ejecutivo.
En la Argentina existe un muy acotado sistema de selección de quienes pueden aspirar a ser elegidos como parte de la elite gobernante: el de las PASO (Primarias abiertas simultáneas y obligatorias) . Existen dos modos de decidir quiénes pueden ser candidatos a los distintos puestos de gobierno: delegar en los órganos de los partidos, principalmente asambleas de representantes de los afiliados, la nominación de los candidatos o bien, como actualmente en la Argentina, establecer un sistema de consulta general para que todos los incluidos en el padrón electoral elijan de la misma manera que se vota en la elección principal a quiénes podrán postularse para acceder a los cargos en disputa.
La opción por el sistema denominado PASO no ha estado exenta de críticas bien fundamentadas. Como se sabe la innovación consistente en introducir las PASO en los procesos electorales, se produjo al modificarse la Ley N.º 23.298 – orgánica de los partidos políticos – mediante la sanción de la Ley N.º 25.611 (julio de 2002) que en su art. 4º estableció lo siguiente: “En los partidos políticos o alianzas electorales nacionales la elección de los candidatos a presidente y vicepresidente, así como la de los candidatos a senadores y diputados nacionales se realizarán a través de internas abiertas” … “El voto será secreto y no obligatorio. Los ciudadanos podrán votar en la elección abierta de sólo un partido o alianza”.
Para evaluar con algún rigor metodológico el alcance de esta normativa, sería necesario confrontarla con la exaltación del rol de los partidos políticos contenida en el Art. 38 de la Constitución modificada en 1994. Entre ambas situaciones existe una contradicción evidente que ha sido objeto de impugnaciones judiciales, tal como lo señala Alberto R. Dalla Via en su obra “Derecho Electoral” el mejor – sino el único- trabajo sobre el régimen jurídico que pretende establecer las formas a las que debe adecuarse la praxis de la democracia en nuestro país.
En efecto; en el mencionado trabajo, el autor señala: “En la primera edición de las elecciones abiertas, primarias, simultáneas y obligatorias bajo la vigencia de la Ley 25.611, la Cámara Nacional Electoral tuvo la ocasión de pronunciarse acerca de su constitucionalidad en el caso “Salvatierra” en donde el impugnante sostenía que la simultaneidad y obligatoriedad de tales elecciones vulneraban la libertad de cada partido de decidir la forma de nominación de sus candidatos”. El mencionado Tribunal desechó el planteo de inconstitucionalidad con argumentos que,a nuestro parecer, fueron poco convincentes a la luz del texto del Art. 38 de la Constitución reformada en 1994, norma ésta que fue producto del Pacto de Olivos y una de las tantas innovaciones “progresistas” destinadas, en gran medida, a disimular la decisión de habilitar la reelección del Presidente Menem y de instalar un sistema bipartidista – PJ-UCR- que pudiera, en el futuro, impedir el golpismo militar que formaba parte de la Constitución “de facto” instaurada en la Argentina a partir del golpe del 6 de Septiembre de 1930.
La argumentación de los defensores de las PASO frente a las impugnaciones provenientes de algunos destacados líderes partidarios así como de no pocos analistas de la legitimidad jurídica de la innovación, se basó principalmente en que las internas llevadas a cabo por los partidos para elegir a quienes serian sus candidatos no habían demostrado la suficiente transparencia y, en muchos casos, ni siquiera se habían llevado a cabo siendo las autoridades en funciones de los partidos quienes a dedo designaban a los que competirían en las elecciones generales.
Otras alegaciones contra las PASO fueron las relativas al alto costo que su realización irrogaría al Estado y al cansancio de los ciudadanos convocados a votar dos veces, incluso en las elecciones de medio tiempo. Pero lo que en realidad está en juego en este debate -que continúa abierto según lo demuestran las iniciativas para “suspender” las PASO en la próxima elección de Octubre de este año – es que la jerarquizacíón de los partidos consagrada en el Art. 38 de la Constitución vigente, ha sido gravemente deteriorada por la desconfianza que la normativa emergente de la Ley N.º 25.611 trasunta respecto de la conducta de las autoridades partidarias en relación a la partidipación de los afiliados a cada partido político. En efecto; el antecedente legal del texto constitucional actualmente vigente es el Art 2º de la Ley N.º 16.652 que expresa: “Los partidos son instrumentos necesarios para la formulación y la realización de la política nacional y sobre ellos recae, en forma exclusiva, la responsabilidad del nombramiento de candidatos para los cargos públicos electivos”. Si bien el Art. 38 no contiene una norma que garantice la exclusividad de las autoridades partidarias en orden a la designación de candidatos, el primer párrafo de este artículo al declarar que “Los partidos políticos son instituciones fundamentales del sistema democrático” parece contradicho por la instauración de un régimen análogo al vigente para las elecciones generales en lo que hace a la nominación de los candidatos habilitados para participar en ellas en representación de cada agrupación partidaria. (Para un mayor desarrollo de esta cuestión, consultar mi ensayo titulado “Crisis de la representación y representación de la crisis” publicado en la red el 31/12/2017)
A mi juicio lo más controvertible de la instauración del régimen PASO es el impacto que éste provoca en la función de los afiliados a los partidos políticos. Ello es así porque al transformarse las internas en una elección abierta a cualquier ciudadano, afiliado o no al partido de que se trate, los candidatos que surjan podrían ser el producto del voto de quienes desean que los que concurran a la elección general sean los menos aptos para competir con los candidatos de sus preferencias ocultas. Si la afliación partidaria hace tiempo que atraviesa por una crisis, tanto cuantitativa como cualitativa, esta apertura conspira contra la voluntad de pertenencia manifiesta a un determinado partido político e, indirectamente, contradice el designio de los constituyentes de 1994 de exaltar la función de los partidos políticos en lo que hace a los procesos propios del sistema político de la democracia basada en elecciones periódicas en las que todo ciudadano está convocado a participar.
Listas sábana, candidaturas testimoniales y federalismo electoral.
Las llamadas listas sábana han sido objeto de numerosas y variadas impugnaciones que coinciden en denunciar que las boletas plurinominales, bloqueadas y cerradas con las que en la Argentina se votan diputados al Congreso federal y a las legislaturas provinciales – además de ediles municipales - constituyen una señal inequívoca de mal funcionamiento de la democracia electoral porque tienen un efecto deletéreo sobre la libre elección del votante. ¿Cuál es el fundamento de esta crítica? Sencillamente que el individuo que deposita una de esas listas en la urna ignora quiénes son los que aspiran a representarlo en los poderes legislativos… salvo los dos o tres candidatos que encabezan dichas listas. Téngase en cuenta que en la Provincia de Buenos Aires la lista de candidatos a diputados nacionales consta de 35 nombres.
Si se analiza esta cuestión a partir de un enfoque más vinculado a la realidad social en la que se desarrollan los procesos electorales en la Argentina, se advierte sin dificultad que en las sociedades urbanas de masas, el conocimiento que los votantes puedan poseer acerca de los candidatos a representarlos deriva, en una altísima proporción, de la información obtenida a través de los medios de comunicación de masas (MCM). A su vez, estos medios difunden las imágenes y los discursos de aquellos candidatos que, a priori, se supone que rankean mejor en los programas “políticos” donde se reportean a un número notablemente escaso de los políticos vinculados a la elección de que se trate. En suma: los MCM intermedian decisivamente entre los candidatos y los votantes puesto que el conocimiento del que éstos disponen de sus futuros representantes es proporcionado por los medios y no deriva de una relación personal – “presencial” diríamos ahora – entre votante y aspirante al voto. Claro está que la proporción de “presencialidad” entre ambos aumenta a medida que el espacio político en el que se desenvuelven los procesos electorales es menos masivo como en los núcleos urbanos “donde todos se conocen”.
Como en muchas otras circunstancias de la vida de los ciudadanos, las decisiones que cotidianamente se transforman en actos presuntamente libres, la información que opera necesariamente sobre esas decisiones no es producto de la experiencia individual de cada sujeto sino que procede de los MCM. A su vez, los más gravitantes medios , gráficos y sobre todo la TV, se ocupan de aquellos candidatos que, por alguna razón, se supone resultan más atrayentes a la hora de los reportajes y comentarios de los comunicadores sociales y por lo tanto apuntalan la performance en las mediciones de audiencia.
Si el lector se toma el trabajo de consultar la actual composición de la Cámara de Diputados, observará de inmediato que por lo menos en un 80% los nombres le son absolutamente desconocidos. Y ello es así porque cada vez más ostensiblemente los legisladores presentan dos características principales: una: son políticos profesionales , es decir, han dedicado sus mejores esfuerzos, energías y su tiempo a hacerse un lugar dentro de las burocracias partidarias y, dos, proceden de la clase media salvo muy contadas excepciones. Esto explica que entre los diputados es muy difícil encontrar a empresarios verdaderamente exitosos o a profesionales que se hayan destacado en el ejercicio de actividades que la sociedad haya recompensado otorgándoles prestigio y altos ingresos .
La situación descripta ha ocasionado entre nosotros que en algunos procesos electorales llevados a cabo con la utilización de las listas sábana, haya aparecido una anomalía realmente preocupante: las candidaturas testimoniales. Se ha entendido que esta denominación se aplica a un procedimiento que consiste en ubicar a la cabeza de las listas de candidatos a legisladores a individuos que, por alguna razón, son conocidos por el público por motivos diversos que van desde ser miembros de la farándula, deportistas o, más frecuentemente, políticos que con anterioridad han pasado exitosamente por la ordalía de una votación pero que se sabe de antemano que no van a hacerse cargo de la función para la que podrían ser elegidos. El caso antológico es el de Néstor Kichner, postulándose como candidato a diputado por la Provincia de Buenos Aires en la elección de medio tiempo de 2009. En esa elección el ex Presidente Kirchner – secundado por Daniel Scioli- fue derrotado por el empresario Francisco de Narváez a quien acompañó Felipe Solá.
Las candidaturas testimoniales son el producto de la carencia de popularidad, prestigio o meramente conocimiento que los ciudadanos poseen respecto de los que aspiran a formar parte del gobierno. Puede afirmarse, sin temor a errar, que el candidato testimonial funciona como una señal de apoyo a los demás integrantes de las listas sábana respecto de los cuales los votantes carecen de opinión por el simple hecho de que le son desconocidos. A su vez, los MCM se inclinan naturalmente a incluir en su programación a personajes que, como Nacha Guevara se sabe que concitarán la atención de los televidentes.
También hay que prestar atención a otro fenómeno propio de lo que se conoce como democracias fallidas. Este consiste en la irrupción como candidatos a ocupar cargos electivos de personajes que son conocidos por el público por haberse desempeñado como actores, cantantes populares, deportistas etc. como en el caso de Palito Ortega, Luis Brandoni, Carlos Reutemann, Héctor Baldassi (un referee del futbol con fama de severísimo) Nito Artaza y el mismísimo Daniel Scioli cuya fama como motonauta precedió a su importante actividad como político. Si bien ellos no han funcionado como candidatos testimoniales, su participación en los procesos electorales se debió, en primer lugar, por la valoración que las burocracias partidarias hicieron de su popularidad derivada de actividades por completo ajenas a las funciones de gobierno.
Finalmente, nos encontramos con la decisión de la mayoría de los gobernadores de provincia en relación al desdoblamiento de las elecciones provinciales respecto de las presidenciales cuando ambas coinciden en el año en que deben realizarse. Esta situación, hoy plenamente vigente, merece una explicación que tenga en cuenta las particularidades de nuestro sistema federal.
En efecto; es bien sabido que los gobiernos de provincias – sobre todo de las menos desarrolladas desde el punto de vista económico y social – suelen ser desempeñados por políticos que, por el manejo que hacen de los recursos presupuestarios que en gran parte dependen de fondos provenientes de la coparticipación y de “adelantos” provistos por el gobierno federal cuando éste es del mismo signo político, obtienen, reelecciones mediante, sucesivos mandatos al frente de la administración provincial. El caso de Gildo Insfrán en Formosa es emblemático.
¿Por qué, entonces, el desdoblamiento? La explicación que surge de inmediato es que los mandatarios provinciales creen, tal vez razonablemente, que la simultaneidad de las elecciones provinciales y nacionales, les perjudicaría pues los votantes bien podrían por motivos referentes al descrédito de los poderes federales, ejercer el “voto castigo” que incluiría a los candidatos provinciales. Como en las últimas dos elecciones presidenciales ese voto castigo se manifestó claramente en 2015 contra el kirchnerismo (versión CFK) y en 2019 contra Mauricio Macri, en este 2023, cuando la presidencia de Alberto Fernández no goza de buena salud en cuanto a popularidad se refiere, los gobernadores provinciales, sea que vayan por la reelección o designen a un candidato de su confianza, optan por asegurar su “feudo” local tomando distancia de una confrontación respecto de la cual abrigan fundadas dudas acerca del eventual triunfo de la fórmula que se presentará como continuadora del oficialismo en funciones. En el presente caso, el de Alberto Fernández.
Un caso de histrionismo político: JavierMilei y la utopía libertaria.
La irrupción de Javier Milei en el proceso electoral actualmente en desarrollo, ha llamado la atención de los observadores y analistas políticos tanto nacionales como extranjeros. Los motivos de este interés son de diversa índole, a saber: el notable caudal de votos que las encuestas le otorgan a este candidato; su condición de outsider respecto de la clase de políticos profesionales ( que él llama “la casta” con bastante impropiedad semántica por cierto) y la presunta afinidad ideológica con sectores destacados del macrismo.
Milei es un producto del desprestigio profundo en que se han precipitado tanto los políticos – los que gobiernan pero también los que deberían funcionar como opositores- como las instituciones que se consideran básicas respecto de la democracia y la república. En este sentido es una versión actualizada del “que se vayan todos” tan en boga durante la crisis de los años 2001/ 2002. Su éxito en cuanto a imagen pública se debe a sus actitudes irreverentes y a su discurso políticamente incorrecto que le han abierto espacios importantes en los MCM, expandiendo el área de su influencia en un público poco dispuesto a prestar mucha atención a las peroratas pseudo izquierdistas del kirchnerismo tanto como a las críticas hipócritas y vacías de contenidos, tanto prácticos como teóricos, provenientes del macrismo y sus aliados.
Las propuestas de Milei son tan atrevidas como inconsistentes respecto del real balance de poder existente hoy en la Argentina. Ni él ni los sectores más cercanos al discurso libertario tienen la menor posibilidad de imponer, desde un eventual gobierno, las medidas anti-intervencionistas que son el fundamento de su programa político. En nuestro país rige hoy una especie de empate hegemónico según el cual los factores de poder y los grupos de presión carecen del potencial que se requiere para poner en práctica el mínimo de políticas de Estado que serían necesarias para superar la crisis que actualmente se manifiesta en todos los campos de la actividad social y económica propios del sistema capitalista democrático.
Las ideas libertarias de Milei – él debe ser el primero en saberlo – funcionan como el guión de un libreto que permite que las irreverencias gestuales del economista, que se dice ferviente admirador de Hayek y de Von Mises, adquieran un barniz de respetabilidad académica que es justamente lo que Milei señala como principal carencia de los economistas que han servido a Mauricio Macri durante el gobierno del PRO. A pesar de la subsidiareidad de las ideas en lo que hace a la presentación política de Milei, lo cirto es que muchas de sus críticas a las posiciones adoptadas por Juntos x el Cambio son acertadas lo que indudablemente incomoda a los macristas por lo que alguno/a de sus “presidenciables” no ocultan su interés de incorporarlo a sus huestes que sería, tal vez, la mejor manera de neutralizar la cuantía de la pérdida de votos que la candidatura de Milei puede ocasionar a la coalición PRO-UCR-CCC-ARI.
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Lo que antecede pretende ser una sintética descripción de algunos de los elementos que están presentes en el actual proceso electoral. Por los datos expuestos y por muchos otros que por razones de espacio no hemos considerado, parece claro que – si no se presenta algún cisne negro- se repetirán, ampliados, algunos de los perores síntomas de nuestra ya demasiado larga decadencia.
En la segunda parte de este ensayo, se consignarán los requisitos que la teoría política exige para que el voto de los ciudadanos pueda ser una expresión genuina del libre albedrío que la filosofía occidental valora como uno de los principales atributos del ser humano.
Carlos P. Mastrorilli.