ESO QUE LLAMAN OPOSICIÓN

Por Hernán L. Altabe

Antes de referirme al funcionamiento de la oposición política en la Argentina actual, parece atinado disipar algunos supuestos equívocos sobre cuál es el rol que el o los partidos de oposición desempeñan en un régimen democrático y presidencialista como el que rige en nuestro país.

En primer lugar hay que señalar que la oposición cogobierna. En efecto; si se tienen en cuenta las atribuciones que la Constitución argentina otorga al Poder Legislativo, la capacidad de rechazar proyectos que el Ejecutivo somete a discusión en ambas Cámaras del Congreso y la de introducir reformas al texto que se pretendió aprobar, indican claramente que, dependiendo de las maniobras políticas necesarias para conseguir los votos, la oposición puede ser la que en definitiva convierta en ley lo que ingresó al Congreso como una expresión de la voluntad del Ejecutivo

Por otra parte, el Art. 77 de la Constitución establece que “Las leyes pueden tener principio en cualquiera de las Cámaras del Congreso por proyectos presentados por sus miembros…” Un proyecto originado en los legisladores representantes de la oposición puede, dependiendo de negociaciones que culminen en una mayoría circunstancial en ambas Cámaras, convertirse en ley si el Poder Ejecutivo decidiera, por motivos que hacen a sus intereses políticos, no ejercer el derecho de veto que le confiere la misma Constitución.

La idea de que la oposición siempre opera como un contradictor permanente del oficialismo que ocupa la Casa Rosada, está arraigada en la opinión pública que supone que en todas las materias los opositores deben desempeñar un rol restringido a negar apoyos a cualquier iniciativa presidencial. Salvo los que ocupan los extremos del arco político – por derecha o por izquierda – que suelen disponer sólo de una presencia testimonial en el Congreso, los partidos de una coalición como la que aparece como principal fuerza opositora – Juntos por el Cambio – revelan por las posiciones adoptadas en el pasado reciente, mucho más que unas pocas coincidencias con la otra coalición, la del FdT.

El acuerdo entre el FMI y el gobierno macrista de 2028.

Resulta interesante confrontar la tesis del co-gobierno de la oposición con lo que está sucediendo en la política argentina en relación al acuerdo de facilidades extendidas que se negocia con el FMI.

Lo que se pretende acordar con el FMI es, en esencia, un replanteo de los vencimientos de capital e intereses derivados del préstamo de más de 57.000 millones de dólares – de los que efectivamente se desembolsaron algo más der 44.000 millones- otorgado en 2018 cuando Mauricio Macri presidía los destinos de la República. Justamente con quien ahora sigue ocupando un lugar relevante en la coalición opositora , llamada “Cambiemos” cuando se produjo el desembolso del FMI, ahora rebautizada como “Juntos por el Cambio”.

Desde 2018 hasta el día de hoy, sucedieron hechos muy trascendentes en la Argentina. Hechos que es preciso tener presentes cuando se pretenda analizar objetivamente lo que está ocurriendo ahora en relación a dicho préstamo.

En primer lugar hay que partir de los motivos que impulsaron al organismo multilateral a conceder el préstamo más cuantioso que se registra en los anales de la turbulenta historia de la institución que nació en la Segunda Postguerra como una herramienta de los EEUU para eliminar la hegemonía del Reino Unido en el complejo campo de las finanzas internacionales. Dichas razones fueron, indudablemente de tipo político: Donald Trump operó exitosamente contra la opinión negativa de los funcionarios del FMI con la nada disimulada intención de contribuir a evitar el colapso del macrismo luego de que la coalición gobernante padeciera los efectos de la corrida cambiaria desencadenada entre mayo y septiembre de 2018 que el préstamo del FMI acordado el 7 de junio de ese año no logró contener: la devaluación del peso a finales de septiembre fue del 82%: de 23 pesos por dólar a principios de mayo se llegó a 41,89 a fines de septiembre.

Es correcto sostener que el préstamo Trump -FMI- Macri no sólo fue otorgado violando normas expresas del organismo multilateral que establecen las condiciones que deben observarse para la concesión de un préstamo como el que nos ocupa – el staff del FMI dictaminó que la Argentina jamás podría cumplir con los vencimientos pactados- sino que también fue mal gestionado por el Gobierno argentino que desvío el uso de los fondos favoreciendo una ingente fuga de capitales.

En diciembre de 2021, se conoció un informe del FMI que reconoció que el préstamo al gobierno de Macri “fue frágil desde un comienzo”. En el mismo documento se dijo que la mala experiencia derivada de esta circunstancia, “obliga al Organismo a revisar las excepcionalidades a las que se accedió para otorgar un volumen de crédito que se le dio a la Argentina y en el futuro debe asegurarse que la población del país entienda en qué consiste el programa” Esto último debe entenderse como que en lo sucesivo debe exigirse una aprobación al programa anexo a la concesión de nuevos préstamos, exigencia que obviamente involucra a los representantes del “país” o sea a los legisladores del oficialismo y de la oposición.

Asimismo el documento “autocrítico” que se comenta, expresaba: “El Gobierno argentino (el de Macri) abrió rápidamente la cuenta capital y los préstamos en el extranjero, al tiempo que adoptó un enfoque gradual para enfrentar los desequilibrios, en particular el déficit fiscal, preparando el escenario para un “suden stop” y un pedido de stand by”. El FMI reconoció, en suma, que “no se cumplieron los objetivos de restaurar la confianza en la viabilidad fiscal y externa”. Se ha hecho notar que lo sucedido en relación al destino que el macrismo gobernante dio a los fondos aportados por el FMI viola frontalmente el Artículo VI de su carta orgánica, cuya Sección Primera dice que un país receptor “no puede utilizar los recursos generales del Fondo para hacer frente a una importante y sostenida salida de capitales” Esta “salida de capitales” – que no es otra cosa que fuga de capitales – es justamente lo que se le imputa a los funcionarios que tuvieron a su cargo la gestión de los fondos recibidos por el gobierno presidido por Mauricio Macri.

Las críticas al manejo que el gobierno de Macri hizo del crédito son contundentes y revelan implícitamente que los motivos para su concesión fueron esencialmente geopolíticos: evitar que el macrismo fuera derrotado en la elección presidencial de 2019 y que, como consecuencia de esa derrota, regresara el kirchnerismo a conducir los destinos del país. Más allá de la autocrítica y el señalamiento de las falencias del gobierno argentino, lo que sucedió es la remoción y/o degradación de todos los “técnicos y expertos” que admitieron o aprobaron el otorgamiento de un préstamo sin respetar las condicionalidades que las normas del FMI obligan a tener en cuenta cuando se trata de actuar como prestamista de última instancia a un país cuya insolvencia era enteramente previsible. Uno de los más castigados por la “autocrítica” del FMI fue el argentino.mexicano Alejandro Werner, el protagonista más expuesto en el curso de la tramitación del empréstito.

La judialización” del préstamo del FMI.

Era enteramente probable que, habida cuenta de las imputaciones que el FMI hizo en relación al pésimo manejo en que el macrismo gobernante incurrió respecto del préstamo concedido en junio de 2018, el kirchnerismo, antes y después de la consagración de la fórmula Alberto-Cristina en la elección presidencial de 2019, llevara adelante una prédica impiadosa contra los responsables de esa mala praxis.

Se podría coincidir en que el caso pudiera dar lugar al juicio político – Art. 53 de la Constitución Nacional- “por mal desempeño… en el ejercicio de sus funciones” al Presidente, al Jefe de Gabinete o a alguno de los ministros que tuvieron a su cargo la gestión del empréstito. Claro que ello no resultaba numéricamente posible dada la composición de la Cámara acusadora – la de diputados – puesto que dicho artículo exige una mayoría de los dos tercios de los miembros presentes para iniciar el proceso de enjuiciamiento político.

Lo que sucedió, es algo hasta cierto punto inédito en la historia política del país: el 1º de Marzo de 2021, el Presidente Fernández informó al Congreso Nacional que había ordenado iniciar acciones penales contra los responsables de administrar los fondos remitidos por el FMI “por tratarse de la mayor administración fraudulenta y malversación de caudales públicos de la historia”. En la causa que se encuentra en trámite, fueron imputados Mauricio Macri, Nicolás Dujovne, Federico Sturzenegger, Luis Caputo y Guido Sandleris, los tres últimos en su carácter de presidentes del BCRA cuando se concedió y administró el préstamo del FMI. Lo más relevante que ha sucedido hasta ahora en el trámite de este proceso es que la jueza María Eugenia Capuchetti accedió a la solicitud del fiscal Franco Picardi en el sentido de exigir al BCRA que informe al Juzgado quiénes han sido las personas físicas y jurídicas que compraron divisas durante el período 2015-2019 y/o que transfirieron divisas al exterior durante el mismo período.

No es esta la oportunidad de emitir un juicio técnico sobre la viabilidad jurídica de la acusación gubernamental. Lo que nos interesa destacar es la incidencia política de la causa en momentos en que la “oposición” ha sido quien hizo posible la sanción – tanto en diputados como en senadores- de una ley que encubre una no demasiado secreta negociación entre el oficialismo y los que se han prestado a aprobar un acuerdo con el FMI destinado a generar graves consecuencias para la estabilidad institucional y para los que deberán pagar el más alto precio… si el Gobierno decide poner en práctica las exigencias explícitamente vinculadas a dicho acuerdo.

(Continuará)