A estas alturas del proceso electoral al cabo del cual surgirá el Gobierno que deberá administrar la República por los próximos cuatro años, muy pocos dudan de que la irrupción de Javier Milei en la política nacional es el principal ingrediente del menú con que se ha alimentado la opinión pública durante los dos o tres últimos años.
La repentina aparición de Milei en nuestra escena política, debe necesariamente plantearnos una serie de interrogantes que parecen apodícticos a primera vista y que no han sido respondidos convincentemente. En primer lugar es preciso conocer cuáles son los motivos por los que un personaje, cuyos antecedentes histriónicos resultan con toda evidencia los más destacados en su peculiar curriculum vitae, ha sido promovido por los medios masivos de comunicación como un aspirante convincente a convertirse en Presidente de la República Argentina.
Resulta evidente que los intereses económicos y financieros que posibilitaron el lanzamiento político de Milei, son los mismos que elaboraron sus propuestas y, probablemente, los que idearon el guión actoral que incluyó la motosierra, el lenguaje soez y hasta, según se dice, su despeinada melena como símbolo de rebeldía social. El análisis del fenómeno Milei – más allá de sus oscuros orígenes- debe iniciarse inevitablemente a partir de los efectos, empíricamente comprobables, de su incidencia real en el balance de poder preexistente. Y esos efectos derivan de un hecho principal: la división de la oposición al Gobierno y a la candidatura de Sergio Massa. Una oposición que por lo visto en las últimas semanas, llevaba en sus entrañas una enfermedad mortal, patología que muchos comunicadores sociales creen que está en vías de superarse por medio de la fusión entre libertarios y macristas actualmente en pleno trámite y con resultados inciertos.
El programa bifronte de Milei
El lanzamiento de la candidatura de Milei, como no podría ser de otra manera, exigía que el pretendiente expusiera cuáles eran las ideas que justificaban su presencia en la escena política nacional. En este sentido, la execración del kirchnerismo y, por añadidura la de Massa al que denostó como parte inescindible de la versión cristinista del peronismo, resultaba a todas luces de cajón.
Pero el hermano de Karina necesitaba también – y tal vez prioritariamente- diferenciarse de lo que hasta poco tiempo atrás funcionaba como la oposición al Gobierno presidido por Alberto Fernández y a Sergio Massa en su doble rol de Ministro de Economía y aspirante a ocupar la Casa Rosada. Esta obligación requería que Milei trajera consigo una agenda nutrida de temas y cuestiones que hicieran posible adquirir un perfil propio frente a la masa de votantes de la coalición conocida como “Juntos por el Cambio” (en adelante JxC).
Esta coalición entre macristas y radicales, no solamente hizo posible que Mauricio Macri se impusiera en la elección presidencial de 2015, sino que permitió que Horacio Rodríguez Larreta se alzara con la gobernación de la CABA y que varios radicales de origen asumieran la conducción en provincias tales como Jujuy, Corrientes, Mendoza, Santa Fe y Chaco. Sin embargo, en lo que hace al gobierno de la Nación, la UCR tuvo una participación absolutamente minoritaria a pesar de lo cual mantuvo orgánicamente el pacto con el PRO, sellado en la Convención de Gualeguaychú el 14 de marzo de 2015. Ese pacto, como veremos más adelante, ha sido convertido en papel mojado por obra y gracia de Javier Milei.
En efecto; el ex arquero de las inferiores de Chacarita Juniors, se lanzó de lleno a tratar de convencer al electorado de JxC que, bajo el patronazgo de Mauricio Macri no solamente se sufrió la derrota de 2019, sino que el rol opositor fue débil y confuso porque las posiciones asumidas por el gobierno peronista no fueron impugnadas desde una plataforma “ideológica” suficientemente diferenciada lo que bien podría interpretarse como una tácita complicidad entre el oficialismo y la oposición. De esta premisa se derivaron las dos consignas que Milei lanzó al mercado electoral como emblemas y símbolos de que algo nuevo, inédito y verdadero había aparecido en el espacio político nacional, a saber: la diatriba impiadosa contra la casta y la dolarización como remedio para todos los males que aquejan a la economía argentina
La monserga contra la casta
Tal como se dijo más arriba, Milei utilizó dos leit motivs para armar su campaña: uno dirigido a lo que se suele denominar la clase dirigente: la dolarización; el otro orientado a las masas ciudadanas, presuntamente enfadadas contra los políticos profesionales: la insistente invectiva contra la casta. Con este apelativo al que procuró dotar de un significado claramente denigratorio, Milei creyó obtener dos resultados favorables: por un lado se habría ahorrado el trabajo de explicar los motivos de su aversión a cada uno de los políticos denostados por el simple artificio de ubicarlos a todos en el mismo envase y, por el otro, él mismo se podía presentar como un líder absolutamente ajeno a los viciosos círculos de los políticos de profesión.
Este intento de poner en cabeza de los políticos la culpa de los males argentinos, tenía por objeto exacerbar los sentimientos adversos hacia quienes se ganaban la vida ejerciendo como burócratas de los partidos y, a través de un cursus honorum en ellos, alcanzaban las candidaturas que podrían, mediante el voto de los ciudadanos, convertirlos en gobernantes, máxima aspiración de los profesionales de las transas, componendas y pactos non sanctos con el poder económico y financiero vigente en el país.
Milei parece ignorar que sin políticos no hay democracia; por lo menos la democracia que prescribe nuestra Constitución. Aun cuando sea cierto que los políticos de profesión sean corruptos, ineptos e hipócritas como lo sostiene Milei, ellos son parte inescindible de nuestro sistema institucional. Cuando hace más de veinte años, se hizo popular la consigna que expresaba el deseo de que se vayan todos, lo que sucedió es que ninguno se fue a su casa y que el régimen copado por los de la casta fue convalidado en cinco elecciones presidenciales y perdura hasta el día de hoy.
El sorprendente 30% de votos cosechados por Milei, se debe a que la brutal impugnación de la clase política profesional se conectó afectivamente con la bronca que una parte de la población albergaba en sus mentes y corazones, básicamente en razón de un fuerte malestar proveniente de una prolongada situación de necesidades y aspiraciones insatisfechas. El porcentaje de sufragios obtenido por el que se proclamaba absolutamente ajeno a la casta, puede interpretarse como un voto castigo emitido no contra un candidato o gobernante en particular, sino contra toda una generación de políticos que, sin distinción de derechas o izquierdas, había saqueado al país sumiéndolo en el marasmo económico y en la consiguiente disolución de los vínculos sociales.
Quien bucee en la biografía de Javier Milei puede convencerse de que él no ha sido parte de la casta… hasta el momento en que los resultados de la elección del 22 de Octubre le hicieron volver sobre sus pasos – y sus dichos – y recurrir a una fiel exponente de la casta , como Patricia Bullrich y, lo que es mucho peor, a aceptar gozosamente el patrocinio de Mauricio Macri, un político considerado tóxico por sus propios correligionarios. De aquí en más, seguramente a Milei le resultará en extremo dificultoso continuar con sus invectivas contra los políticos porque las salvedades y excepciones que necesariamente debería exponer minimizarían el atractivo y el efecto positivo (en cantidad de votos) que el discurso anticasta le ha venido aportando hasta ahota.
Finalmente, parece oportuno advertir que tampoco con la demonización de la casta Milei logra mnantener los pies dentro de la Constitución vigente. En efecto;el Art. 38, en el primer párrafo de la Constitución reformada en 1994 establece que “Los partidos políticos son instituciones fundamentales del sistema democrático” Como resulta un absurdo pensar que puedan existir partidos sin políticos, cuando Milei ejerce una violencia verbal desmesurada contra la casta – invectivas hoy bastante licuadas después de los mimos con la Bullrich y el Mauricio- está poniendo en entredicho la norma constitucional que otorga a los partidos políticos las funciones básicas de nuestra tan abusada democracia.
Quemar los pesos, demoler el Banco Central
Según se dijo antes, el programa de Javier Milei, sus propuestas y caballitos de batalla, atendían a dos frentes: el del hombre masa resentido – quizá con algunas razones válidas – con los políticos profesionales y por otra parte, el de la clase dirigente: empresarios industriales, productores agrarios y cerealeras, financistas, banqueros, vendedores de servicios y de bienes de consumo a los que dedicó múltiples mensajes con el fin de convencerlos de que votándolo a él, las penurias de las que venían quejándose constantemente desde que el gobierno de Mauricio Macri terminara en los brazos del FMI desaparecerían como por ensalmo. Entre tales proyectos, además de amigarse con los mercados a costa de amputar el Estado, se destacan por su enorme trascendencia el de la dolarización del sistema monetario argentino y el del cierre del Banco Central, iniciativas que se hallan estrechamente vinculadas entre sí.
El recetario neoliberal (el neoliberalismo es el liberalismo tradicional que busca adaptarse a la globalización) es asumido por Milei en forma casi absoluta: recortar fuertemente el gasto público; eliminar impuestos con el fin de disminuir la presión tributaria; eliminar controles a los movimientos financieros y cambiarios; reforma laboral con el objetivo de reducir la intermediación sindical y, subsecuentemente, la incidencia de los salarios en los costos de producción de bienes y servicios; eliminación de las barreras arancelarias vigentes en el comercio exterior, etc. etc.
Lo que ha distinguido claramente las propuestas de Milei respecto de la política económica puesta en marcha por José Alfredo Martínez de Hoz, es la prédica mileísta sobre la eliminación de la moneda nacional mediante la dolarización y el cierre del BCRA. Si la dictadura de Videla, aun con la concentración del poder político que ésta supuso, no logró vencer las resistencias de sectores militares respecto de medidas tan audaces como las propuestas por Milei, está claro que aprobarlas en el contexto institucional hoy vigente es utópico y, hasta un cierto punto, contradictorio con el “paquete” neoliberal que sí contaría con el eventual apoyo de una parte importante del empresariado y de una no parva hueste de los economistas que hoy fatigan las pantallas de la TV y gastan ríos de tinta en los llamados medios hegemónicos.
Las iniciativas respecto de la dolarización y la eliminación del BCRA permiten un análisis desde dos puntos de vista bien diferenciados: el que atiende a la opotunidad y/o conveniencia económico-financiera y el que se refiere a los aspectos jurídicos y políticos de ambas. El debate de los “expertos” economistas nacionales y extranjeros está lejos de haberse saldado y los argumentos en pro y en contra de la propuesta requerirían un contexto específico que no es precisamente el de este artículo. Por el contrario, es relativamente sencillo demostrar la inviabilidad jurídica y política del proyecto con el cual Milei logró introducir en la agenda electoral dos cuestiones que poseen el efecto de distorsionar lo que debería ser una confrontación entre partidos y candidatos que tuvieran principalmente en cuenta la poblemática emergente de las necesidades perentorias de la ciudadanía.
Comencemos por la cuestión relativa al hipotético cierre del Banco Central. Como es sabido el BCRA fue creado en 1935 por Ley N.º 12.155. En ese tiempo regía sobre la materia el rtículo 67, inc. 5 de la Constitución Nacional que establecía que correspondía al Congreso “establecer y reglamentar un banco nacional en la Capital y sus sucursales en las provincias con facultad de emitir billetes”. Como se acepta entre los constitucionalistas, aun entre los críticos de la ley de creación del BCRA, en 1935 y hasta la reforma de la Constitución en 1994 el funcionamiento del Banco Central se encontraba amparado por la norma del Art. 67 antes citada.
La situación cambió cuando los constituyentes de 1994 eliminaron la norma contenida en el Art. 67, sustituyéndola por el Art. 75, inc. 6 que expresa que correponde al Congreso “establecer y reglamentar un banco federal con facultad de emitir moneda, así como otros bancos nacionales”
Parece claro que el BCRA cuya estructura y funciones derivan de la Ley N.º 24.144 y sus modificaciones, no es el banco federal previsto en el mencionado nuevo artículo 75 inc. 6 de la Constitución reformada. Se presenta entonces la cuestión de la constitucionalidad de la existencia y funcionalidad del BCRA tal como se encuentra operando en la actualidad. ¿Sería posible entonces que la propuesta de Milei de “cerrar” el BCRA sea no sólo factible sino también ajustada a derecho?
En primer lugar hay que tener en cuenta que la dolarización implica la imposibilidad de emitir moneda nacional pues ningún órgano de la administración pública nacional puede emitir dólares. En este sentido, la principal función del Banco Central quedaría eliminada. Sin embargo, el BCRA no sólo emite pesos. El Art. 3º de la Ley N.º 26.739 (promulgada el 22 de marzo de 2012, modificatoria del Art. 4º de la Ley 24.144) establece cuáles son las funciones y facultades del Banco Central, a saber:
“a) Regular el funcionamiento del sistema financiero y aplicar la Ley de Entidades Financieras y las normas que en su consecuencia se dicten;
b) Regular la cantidad de dinero y las tasas de interés y regular y orientar el crédito;
c) Actuar como agente financiero del Estado nacional y depositante y agente del país ante las instituciones monetarias, bancarias y financieras internacionales a las cuales la Nación haya adherido, así como desempeñar un papel activo en la integración y cooperación internacional;
d) Concentrar y administrar sus reservas de oro, divisas y otros activos externos;
e) Contribuir al buen funcionamiento del mercado de capitales;
f) Ejecutar la política cambiaria en un todo de acuerdo con la legislación que sancione el Honorable Congreso de la Nación;
g) Regular, en la medida de sus facultades, los sistemas de pago, las cámaras liquidadoras y compensadoras, las remesadoras de fondos y las empresas transportadoras de caudales, así como toda otra actividad que guarde relación con la actividad financiera y cambiaria;
h) Proveer a la protección de los derechos de los usuarios de servicios financieros y a la defensa de la competencia, coordinando su actuación con las autoridades públicas competentes ene stas cuestiones.
En el ejercicio de sus funciones y facultades, el Banco no estará sujeto a órdenes, indicaciones o instrucciones del Poder Ejecutivo nacional, ni podrá asumir obligaciones de cualquier naturaleza que impliquen condicionarlas, restringirlas o delegarlas sin autorización expresa del Honorable Congreso de la Nación.”
Como se advertirá con la simple lectura de esta normativa, las facultades y funciones otorgadas al BCRA exceden notoriamente la de emitir pesos de moneda nacional. Por lo tanto, aun en el caso de que Milei consiguiera imponer la dolarización y el cierre del BCRA, subsistiría una cuestión de la máxima importancia: la de qué órgano de la administración pública se haría cargo de las funciones más arriba ennumeradas. Por ahora no se conocen las ideas de Milei al respecto, fuera la de imponer un sistema análogo al de la llamada Banca Simons cuyo principal aporte a la teoría y la actividad bancaria y financiera es la de trasladar el riesgo de las inversiones de los particulares desde los bancos a los ahorristas.
Bajo estas circunstancias, se han difundido opiniones de pseudo “especialistas” según las cuales la existencia de un Banco Central como el que en la actualidad se encuentra operando es inconstitucional porque implicaría una ilegítima delegación legislativa de funciones que la Constitución declara como atribuciones indelegables del Congreso de la Nación. Se comprende, sin dificultad, que las facultades y atribuciones que el actual Art. 75 de la Constitución Nacional no pueden ser ejercitadas por las Cámaras legislativas sino que en todos los casos requieren la existencia de instituciones que sí deben contar necesariamente con el suficiente respaldo de la normativa constitucional.
Desde otro punto de vista, el banco federal a que alude el Art. 75, inc. 6 de la Constitución reformada en 1994 no es el Banco Central creado por la Ley N.º 24.144. La expresión “banco federal” implica, conforme la unánime opinión de quienes se han referido a esta cuestión, la participación de las Provincias en los órganos directivos de la institución, lo que hoy evidentemente no ocurre. Esta situación conduce inevitablemente a plantearnos si la actual conducción del BCRA y por ende las decisiones que adopta respecto a cualquiera de sus atribuciones, podrían ser inconstitucionales y, por lo tanto, ilegítimas. Para responder a este interrogante es preciso tener en cuenta, en primer lugar, que el Art. 75 de la Constitución tiene por finalidad determinar qué materias corresponden indelegablemente al Congreso Nacional, distinguiéndolas de las que se atribuyen al Poder Ejecutivo y al Poder Judicial. No pretende obligar o prohibir a los otros dos poderes a hacer o no hacer algo sino que prevé que si se hace, las materias incluídas en el Art. 75 deben ser tratadas y, en su caso, aprobadas por las Camaras legislativas; en otras palabras, para legitimarse constitucionalmente deben convertirse en leyes.
Entendemos que, en otros casos, la Constitución sí ordena al Gobierno en funciones tomar determinadas decisiones. El caso más demostrativo en este orden de ideas es el de la coparticipación federal de impuestos. En efecto: la Cláusula Sexta de las “Disposiciones Transitorias” establece que: “Un régimen de coparticipación conforme lo dispuesto en el inciso 2 del artículo 75 y la reglamerntación del organismo fiscal federal, serán establecidos antes de la finalización del año 1996…” lo que evidentemente no ha ocurrido. Este no es el único caso de mandatos de hacer que la Constitución prescribe. Los ejemplos más claros en este sentido son los contenidos en los artículos 25,27,28 entre otros y en cuanto a prohibiciones se destaca el Art. 29 cuyo texto expresa que “El Congreso no puede conceder al Ejecutivo nacional, ni las Legislaturas provinciales a los gobernadores de provincia facultades extraordinarias ni la suma del poder público…”.
El Art. 75 no contiene mandatos expresos referidos a los poderes de los gobiernos en funciones. El objetivo explícito de sus 32 incisos es prever que, si se dan los supuestos previstos en dichas normas, la intervención del Congreso es inexcusable. Pero es a todas luces evidente que exista necesariamente un ente regulador de la actividad financiera, sea que entre sus funciones se encuentre la de emitir moneda o no y que se llame Banco Central, Federal o de cualquier otra manera. Lo contrario sería introducir el anarcocapitalismo en el mismo corazón de la política monetaria del país con grave daño para toda la actividad tanto la macroeconómica como la “micro”.
Además de todo lo expresado respecto a la existencia del BCRA, es preciso tener en cuenta un hecho capital: con anterioridad a 1935, el Estado Nacional emitía moneda y fijaba su valor por lo que debe quedar en claro la esencial diferencia que existe entre la dolarización propuesta por Milei y las atribuciones conferidas al BCRA por las leyes del Congreso.
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En el caso de la dolarización, la situación jurídica es bastante más sencilla de evaluar: la sustitución de la moneda nacional por cualquier otra moneda extranjera es manifiestamente inconstitucional. Las razones que avalan esta afirmación – compartida por la gran mayoría de los constitucionalistas dignos de tal nombre- se encuentran explícitamente en el actual Art. 75, inciso 11 que expresa que corresponde al Congreso “Hacer sellar moneda, fijar su valor y el de las extranjeras y adoptar un sistema uniforme de pesas y medidas para toda la Nación”.
Comencemos por transcribir la opinión de María Angélica Gelli, una indiscutida autoridad en lo que hace a la exégesis de la Constitución. Al comentar el mancionado inciso 11, expresa esta autora: “La norma tiene un doble efecto. Por un lado afirma la unidad nacional en un estado federal al impedir a las provincias tener sus propias monedas. Por el otro, y en el orden externo, significa y simboliza la independencia política frente a los otros Estados. En este sentido, la sustitución plena y total de la moneda nacional por otra extranjera, aunque fuese aprobada por el Congreso Federal, vulneraría esta disposición, más allá de la inconveniencia de hacer perder al Estado un instrumento financiero clave para la economía o de las dificultades para obtener el acuerdo del país cuyo signo monetario se adoptara”. (Cfr. “Constitución de la Nación Argentina. Comentada y concordada” Ed. La Ley. 2001 Pág. 484 y ss)
La potestad de emitir moneda y otorgarle un curso legal, se encuentra estrechamente vinculada al concepto de soberanía tal como lo sostenía ya en 1576 Jean Bodin que, según Arturo R. Dalla Via es el primer teórico que profundizó los análisis filosófico-políticos sobre uno de los conceptos básicos de la organización de los estados nacionales (Ver “El régimen constitucional de la moneda” en “Derecho Constitucional económico” Ed. Abeledo-Perrot. Segunda edición. Bs. As. 2006. Capítulo XV)
La Corte Suprema de Justicia de la Nación sostuvo “la evidencia de la facultad del Coingreso para proveer a la creación de moneda para el país, emitir billetes de crédito y de banco, imponerla a la circulación por leyes apropiadas a tal fin, darles el carácter de moneda y suspender los pagos en metálico” (Fallo citado por M.A. Gelli en “Adolfo Posse y hnos. S/ cobro de pesos. Fallos 36.177 de 1869). A partir de esta sentencia, la CSJN ha sido constante en considerar a la moneda emitida por el Estado Nacional, como una manifestación elemental de la soberanía de los gobiernos argentinos, más allá de qué organismo estatal tuviera a su cargo la emisión y puesta en circulación de la moneda de curso forzoso en toda la extensión de la República. Por su parte, el mismo Art. 75 en el inciso 19 encomienda al Congreso “la defensa del valor de la moneda” lo cual sólo tiene sentido si se refiere a la moneda nacional puesto que sería un disparate, tanto jurídico como económico, encomendar al Congreso argentino la defensa del valor del dólar. O del yuan, si viniere al caso.Tampoco tendría sentido lo expresado por la Constitución en el inciso 12 del Art. 75 cuando atribuye al Congreso la facultad de dictar leyes sobre “falsificación de la moneda”
Ningún experto en la interpretación de nuestra Ley Suprema se ha pronunciado a favor de la constitucionalidad de reemplazar el peso por el dólar estadounidense: si el Hombre de la Motosierra se empeñara en hacerlo, debería convocar a una asamblea constituyente e introducir mediante una reforma nada banal al dólar como sustituto de los pesos hoy en circulación. Como ya se dijo antes, además de la imposibilidad política y jurídica de tal modificación del sistema monetario, desde el punto de vista económico-financiero existe una cuasi unanimidad en sostener que la dolarización acarrearía una serie no parva de conmociones y turbulencias que someterían a toda la sociedad nacional a una situación de máxima emergencia. Y como se le ha interrogado a los dolarizadores que forman parte de la cohorte libertaria ¿quiénes aportarían los dólares necesarios para rescatar y luego incinerar la masa de pesos actualmente emitidos y en circulación? No hubo, hasta ahora, una respuesta intelegible a esta pregunta ni del candidato ni de alguno de sus adláteres.
Conocemos solamente a un constitucionalista que ha aparecido en el espacio mediático en defensa de la dolarización: Félix Lonigro. La opinión de Lonigro se basa en un principio aceptable: el Art. 75 de la Constitución atribuye competencias al Congreso; no establece mandatos obligatorios para las Cámaras legislativas. Y, en este sentido Lonigro dice correctamente que el BCRA bien puede no existir sin que ello importe un agravio a la Constitución. De hecho, hasta 1935 el Banco Central no existía lo cual, obviamente, no significaba que la República Argentina careciese de moneda propia mediante cuyo curso legal se realizaban las operaciones que hacían posible el funcionamiento de la economía real.
Pero este jurista comete un error garrafal cuando sostiene que tampoco existe una norma constitucional que imponga al Congreso la obligación de crear, emitir, poner en circulación, defender su valor y evitar la falsificación de una moneda propia. Además de la unánime afirmación respecto de la indisoluble vinculación entre la facultad de emitir moneda y la soberanía política del Estado, la dolarización – o sea la adopción de un signo monetario extranjero sobre cuyo valor y cantidad nuestros gobiernos no tendrían la menor ingerencia- está meridianamente claro que si se le amputa a las autoridades de la República la facultad de regir todo lo relativo a la moneda, ello conllevaría la imposibilidad de administrar conforme el interés nacional ni el sistema tributario, ni el crediticio, ni el comercio exterior ni, en verdad, ninguna de las funciones relativas a la producción de bienes y servicios. La enorme confusión de Lonigro entre facultades que pueden ejercerse o no, según las exigencias históricas, y las que necesariamente deben ponerse en ejercicio porque así lo requiere el funcionamiento normal de la sociedad, sorprende y a la vez nos advierte acerca de los extremos a los que puede llevarnos la irracionalidad puesta al servicio de la política. No es casual que, según se dice, Lonigro se haya enrolado en las huestes del consultor de “Conan”.
La representatividad de Javier Milei
En las dos elecciones en que participó Javier Milei correspondientes al proceso que habrá de culminar el 19 de Noviembre cuando se enfrentará a Sergio Massa en el último acto de la “justa democrática” en la que los argentinos decidirán quién ocupará la Casa Rosada por los próximos cuatro años, si hay algo que ha quedado claro es que el hermano de Karina goza de las preferencias de alrededor del 30% de la ciudadanía. En efecto: el 13 de agosto en las PASO cosechó 7.352.244 votos, el 29,85% del total de sufragios emitidos y el 22 de octubre obtuvo 8.034.990 votos, el 29,9% del total cuando fue superado por Massa quien recibió el 36,78%. Es decir: quienes diseñaron y pusieron en marcha la “Operación Milei” sabían que su criatura no transitaría por los bajos fondos de la política sino que cumpliría con los principales objetivos tenidos en cuenta cuando se decidió intervenir con firmeza en el proceso electoral que está llegando a su acto final. No se debe olvidar que el estreno electoral de Milei se produjo el 12 de Noviembre de 2021 cuando obtuvo el 17,30% de los votos emitidos en la CABA y se consagró diputado nacional, ocupando el tercer lugar en una elección en la que María Eugenia Vidal alcanzó el 48,19% y Leandro Santoro el 24,66%. No es de extrañar que Milei haya comenzado a ser considerado como una pieza de recambio por Mauricio Macri con vistas a la contienda a celebrarse dos años más tarde.
Cuando se reflexiona acerca del fenómeno Milei, surgen de inmediato algunos interrogantes que desafían tanto los conocimientos como la experiencia de los analistas. En primer lugar hay que reconocer que con Milei ya se produjo un efecto que Mauricio Macri está intentando minimizar: la división de la oposición al peronismo/kirchnerismo/cristinismo. Después del tambaleante período de Alberto Fernández en la Presidencia de la República, eliminar “la grieta” tal y como se concibió y se pretendió explicar el conflicto político en la Argentina ha sido, sin lugar a dudas, un resultado sorprendente. Lo que el establishment nacional creía tener al alcance de la mano, era el triunfo de la coalición entre el PRO, la UCR y las menguadas huestes de Elisa Carrió. De ahí que, ante la comprobación estadística indicadora de que Mauricio Macri estaba demasiado lejos de poder alcanzar la victoria sobre cualquier candidato del oficialismo, se recurrió a Patricia Bullrich a quien se le adjudicó un rol semejante al adjudicado por CFK a Alberto Fernández: Patricia al gobierno, Maurucio al poder. No contaron con la astucia de los hacedores de una fórmula que, según se puede observar claramente, está dinamitando una alianza que parecía lo mejor que los sectores hegemónicos de nuestro sistema político podía ofrecer a la ciudadanía. De ahora en más, nadie se atrevería a explicar el núcleo del conflicto social y económico en la Argentina como centrado en la oposición entre CFK y el ex presidente de Boca Juniors.
Quienes apostaron a Javier Milei, seguramente lo conocían lo suficientemente bien como para creer que sus extravagancias, bufonadas y contradicciones lejos de constituir obstáculos para su posicionamiento electoral, operarían como atractivos para millones de hipotéticos votantes. La pregunta que debemos hacernos – y que es ineludible- es: ¿cuál es el estado de la conciencia social del pueblo argentino que ha demostrado ya dos veces su adhesión a las formas y al contenido de las propuestas de Milei?
Antes de hacer el intento de describir, siquiera someramente, las señales que pueden tomarse como indicadores de ese estado de conciencia social de los que están llamados a elegir quién será el próximo Presidente, nos parece útil echar un vistazo sobre una nueva tendencia que está cobrando fuerza entre los científicos sociales europeos. El producto de la evolución de un pensamiento político profundamente afectado por lo que se ha dado en llamar el colapso de las ideologías, parte de una amarga crítica al racionalismo político y desemboca en una exaltación del rol de los afectos – sentimientos, emociones, pasiones, amor y odio- en la decisión de los votantes. También al resentimiento social se le adjudica una participación efectiva tanto en lo que hace a la política como actividad de los políticos como en la elección de los votantes cuando se los llama a concurrir a las urnas.
Ese estado de la conciencia social al que hicimos referencia en relación al sorprendente caudal de sufragios obtenidos por Javier Milei, parece tener mucho que ver con la decadencia de las ideologías que suele conllevar un opacamiento del rol de la razón en las decisiones de los votantes. La trama que configura este estado de conciencia vigente en los procesos electorales, tiene que ver con dos elementos que pueden aislarse sin mayor dificultad en dichas decisiones: una cierta mengua del conocimiento de la propia identidad y como consecuencia, el opacamiento del interés personal puesto en juego en la coyuntura electoral.
El resultado de la combinación de estas situaciones de conciencia es un incremento de las formas de expresión política – lo gestual- en detrimento de los contenidos de dicha expresión. Así pues, la imagen que los candidatos exhiben de su persona, su manera de hablar y comunicarse y hasta los detalles de su vestimenta, pasan a tener una gravitación cuasi decisiva cuando de depositar las papeletas en la urnas se trata. En el caso de la insólita cosecha de votos de Javier Milei en las dos elecciones ya realizadas, parece fuera de toda duda que en el ánimo de sus votantes gravitaron un par de pasiones que actuaron sinérgicamente: el desprestigio de la clase política profesional – la casta en la terminología mileísta- y el gorilismo entendiendo por tal cosa el antiperonismo visceral, es decir, el sentimiento irreductible de desprecio y condena hacia un movimiento político cuyo pecado original, según estos individuos, es haberse atrevido a modificar la estructura de las clases sociales proveniente del ciclo agro-exportador de nuestra economía.
Los análisis más objetivos de los guarismos electorales, demuestran que la masa de votantes que optaron por Milei – salvo no más de un 5% de ciudadanos que creyeron y creen en sus propuestas económico-financieras- han encontrado en el histrión un pretexto para manifestar sin cortapisas de índole cultural, el resentimiento contra un estado de cosas que ha generado y expandido una frustración social profundamente arraigada en las conciencias. Las sucesivas crisis económicas que han impedido la continuidad de una movilidad social ascendente y no solamente lo experimentado en el pasado y en el presente sino la clausura de toda expectativa de incrementar los ingresos reales del grupo familiar en un tiempo razonable, con la consecuencia inevitable de restringir consumos que constituyen el espacio simbólico del prestigio social, todo ello ha contribuído al crecimiento de un voto castigo contra los políticos que han gobernado o que aspiran a gobernar la República.
Dadas estas circunstancias, Milei se ha presentado como un outsider. Ha logrado un éxito innegable en este rol por dos motivos principales: muy pocos saben a ciencia cierta cómo el oscuro empleado de Eduardo Eurnekian y la Corporación América se abrió paso en los certámenes electorales – por lo tanto no se lo puede identificar ab initio como un integrante de la casta- y él ha hecho lo necesario para que los rasgos de alienígena político queden fijados consistentemente en el imaginario popular. De ahí que los bien pensantes miembros de la dirigencia política tradicional no puedan ocultar su desagrado frente algunos de los exabruptos conceptuales de los que Milei ha hecho uso y abuso: venta de órganos y quizá de bebés; libre acceso a las armas de fuego; privatización de la salud y de la educación públicas; rupturismo con nuestros principales socios comerciales, China y Brasil; lo que se dijo antes sobre la dolarización; insultos al Papa Francisco; etc,etc. Sin embargo, lo que ha calado más en la conciencia de sus votantes es su presentación blandiendo la motosierra con la que ha prometido derribar las instituciones estatales transfiriendo las funciones que no sean desactivadas por completo a los mercados. Empresarios que han asistido a sus lecciones magistrales sobre economía, nos han dicho que Milei “más que un amigo sería un Presidente súbdito del mercado”.
Algo cambió camino al balotaje.
Pero hete aquí que el 22 de Octubre sucedieron dos cosas importantes: Massa ganó esa elección con el 36,78 % de los votos emitidos, en tanto que Milei arañó el 30% y la favorita de Mauricio Macri, Patricia Bullrich, debió conformarse con el 23, 81%. Estas cifras desataron un verdadero tsunami político-electoral que aun no ha provocado todo el daño que a la coalición opositora habrá de inflingirle el espurio pacto celebrado entre gallos y medianoche entre el vástago de Franco y el Hombre de la Motosierra.
Una lectura imparcial de estos resultados no puede sino convencernos de que la eventual oposición a un hipotético gobierno de Massa, no podrá reproducir los mismos modos, discursos y propuestas que ha cultivado JxC durante estos cuatro años de neokirchnerismo, o sea del gobierno de Alberto Fernández, el que tenía por misión eliminar en los tribunales las causas en las que la Vicepresidente Cristina está involucrada.
La estrategia del macrismo, si bien no era – ya no lo puede ser- demasiado brillante consistió en convencer a los argentinos de que los destinos de la Patria dependían de cómo se resolviera la grieta, esa necedad difundida por Jorge Lanata según la cual o triunfaba el Bien, encarnado en Mauricio, o vencía el Mal que había adoptado la figura de CFK. Con el fracaso de Patricia, el plan de Macri de auparla a la Presidencia para que él, cuyos números no le habían permitido presentarse so pena de sufrir una derrota en extremo humillante, detrás de bambalinas, con expertos entresacados de la burocracia gobernante hasta la derrota de 2019, ejercería con la suficiente reserva y prudencia, el verdadero poder en las sombras. O no tanto, porque está pareciendo que a Mauricio le gusta más de la cuenta frecuentar las cámaras de TV y mostrarse como adalid de la derecha moderna y moderada, sea esto lo que fuere.
El crepúsculo de “Pato” obligó a Mauricio a intentar sustituirla por Javier Milei. Esta es una operación no exenta de dificultades. En efecto: Milei no puede domesticarse so pena de parecerse cada vez más a un integrante de la casta. Si sus votantes llegaran a sospechar que sufragar por Milei no implica castigar a los profesionales de la política, es probable que su entusiasmo por desalojar a los castizos del escenario público, disminuyese y alentase el voto en blanco o la simple abstención. Sólo un gorilismo del grosor que ostenta, por ejemplo, Fernando Iglesias, seguiría alentando el voto por el amo de Conan.
Macri se ha apresurado a intentar el copamiento de los “equipos técnicos” del libertario. Además de los lógicos recelos de los adláteres originales de Milei respecto de los recién llegados, los anarcocapitalistas abrigan serias dudas acerca de la pureza del liberalismo de los ex burócratas del Ingeniero. Recuerdan que la Sra. Stanley desde el Ministerio de Desarrollo Social, disminuyó el gasto en planes sociales sometidos a reglas administrativas precisas y, en cambio, lo aumentó en relación a los subsidios otorgados discrecionalmente. Pero sobre todo, se sienten amenazados en sus aspiraciones de arribar a cargos públicos excelentemente remunerados.
En las oficinas de LLA, por otro lado, no se sienten felices con las reiteradas apariciones mediáticas de Mauricio. Creen, razonablemente, que si el ex-Presidente no se aventuró a presentarse a la elección de 2023 porque las encuestas fueron unánimes al señalar que su candidatura resultaría tóxica para los intereses de la derecha nacional, su reaparición como sponsor del mileísmo puedan espantar a cientos de miles de votantes. Temen que esa ponzoña sea contagiosa y que la presencia de Macri en los medios proclamando su respaldo a Milei sea contraproducente al generar desencanto en las juventudes atraídas por la prédica incendiaria del ultraliberal dolarizador. Quizá por este motivo ni Mauricio ni Patricia acompañaron a Javier en su ordalía del pasado domingo 12 de Noviembre en la Facultad de Derecho.
Los avances de las huestes macristas sobre las posiciones “técnicas” del mileísmo, han sido evaluadas casi unánimente como “agresivas” y “demasiado explícitas” Si se tiene en cuenta que ni la dolarización ni el cierre del BCRA – los dos principios “irrenunciables” de Milei – figuraron en los planes del macrismo gobernante ni en la Plataforma de Patricia Bullrich, fácil es inferir que con respecto a otros ítems de la política económica, los recién llegados deberían contenerse y respetar honestamente algunas de las otras propuestas incluídas en la “Plataforma Electoral Nacional” de “La Libertad Avanza”. Si bien es cierto que la vaguedad de las iniciativas expresadas en dicha “Plataforma” permitirían una conciliación con lo que efectivamente hizo el gobierno de Macri en materia de reformas económicas, queda en claro que no solamente a los nuevos aliados les resulta imperativo explicarle a la ciudadanía cómo se llevarían a la práctica recetas tan conflictivas como el levantamiento inmediato del cepo cambiario o la eliminación de todas las retenciones sobre las exportaciones y los derechos de importación: también deberían declarar quiénes desempeñarían los altos cargos que ejecutarían ese tipo de medidas. En este campo, la competencia entre mileístas y macristas, según ha trascendido, es encarnizada. Por ejemplo se supo que tanto Carlos Rodríguez como Roque Fernández, dos de los principales trebejos de Milei, se han quejado públicamente de haber sido postergados hasta el punto de habérseles bloqueado las apariciones televisivas.
Según se ha publicado en “La Nación” del 28 de Octubre, “Milei evalúa sumar a varios funcionarios macristas” tituló el diario, agregando a continuación: “El candidato libertario dijo que hay muchos amigos y técnicos excepcionales en el PRO”. Y con fotos de Federico Sturzenegger, Guillermo Dietrich y Javier Iguacel informó quiénes serían “número puesto” en el futuro gabinete de Milei. En otros espacios burocráticos, también parecen gozar del beneplácito del candidato presidencial los ex ministros de Trabajo y de Justicia Jorge Triaca y Germán Garavano respectivamente.
El cuadro del posible gobierno de LLA se completa con la candidatura de Victoria Villarruel a la Vicepresidencia de la República. El rol que habría de ocupar esta figura, no se limita ni mucho menos a presidir el Senado. Lejos de ello, se ha hecho saber que en sus manos estaría la conducción de las políticas en materia de Seguridad y Defensa que constituyen piezas maestras en el programa de gobierno del libertario. La autora de “Los otros muertos” (alusión a las víctimas de la guerrilla) ha opinado públicamente su repudio a la “mano blanda” en lo que hace a la represión del delito mediante la jerarquización de las fuerzas de seguridad y las reformas judiciales que juzga necesarias para evitar la lenidad de las penas y la demora excesiva en los fallos condenatorios. Queda en claro que Villarruel es una adversaria ideológica frontal del zaffaronismo y que comparte sin reservas el slogan de Patricia Bullrich en esta materia: “Quien las hace, las paga”.
Conclusiones y premoniciones.
La virulencia de las crisis económicas y financieras que vienen desplegándose en nuestro país desde hace demasiado tiempo, es la causa que origina que los debates de ideas se procesen siempre vinculados a la emergencia y al corto plazo. Desde hace muchos años, la planificación considerada como una función inexcusable del Estado, prácticamente ha desaparecido como elemento a tener cuenta por los formadores de opinión pública. Si algún pensador se animase a mirar más allá de los apremios cotidianos y se atreviera a socializar sus conclusiones, es casi seguro que muy pocos le prestarían oídos y, como consecuencia, el espacio mediático se le cerraría más pronto que tarde.
Uno de los temas sobre los que nadie ha reparado hasta ahora, es el que versa sobre el final del ciclo kirchnerista, algo sobre que existe un tácito consenso tanto entre los actores del drama político como entre sus espectadores que, incómodos en sus butacas, padecen los malestares propios de los últimos actos y sólo atinan a abuchear a los intérpretes que, por lo general, se resisten numantinamente a hacer mutis por el foro. En estas circunstancias, la irrupción de Javier Milei en la escena política, ha puesto a prueba no sólo la idoneidad de las actrices y actores sino también el de los guionistas, la pericia del director y, por qué no decirlo, la honestidad de los sponsors que han bancado durante demasiado tiempo como empresarios teatrales, una obra que hace años que debía de haber bajado de cartel.
A pocos días de que se resuelva el conflicto democrático aplicando el método de contar papeletas, tal vez sea posible- si no vaticinar el resultado – por lo menos tratar de explicar el significado profundo del protagonismo de un histrión que se introdujo en la escena imprevistamente y alteró el libreto que los profesionales de la actuación habían aprendido en cuarenta años de formación y ejercicio de un oficio que ahora a muchos les está pareciendo sobrevalorado. En este sentido, bien puede sostenerse que Milei ha cumplido, cualquiera que sea el resultado del comicio, una misión purificadora porque está claro que si un candidato proveniente del subsuelo de la política ha podido causar tal conmoción en el teatro de la democracia y en el proceso electoral en curso, es porque el escenario sobre el cual los elencos de políticos profesionales representaban sus tragicomedias, era a la vez frágil e imposible de reparar en un plazo razonable.
Pero cometeríamos un error y una injusticia si limitáramos la responsabilidad por las turbulencias que se manifiestan de las más diversas formas en la escena política nacional a los dramaturgos y comediantes. Los que pagan las entradas al espectáculo y luego, de regreso a sus hogares, maldicen por lo bajo porque creen que han sido víctimas de una forma algo barroca pero legal de estafa y la próxima vez que son convidados a aplaudir una obra - que luego comprobarán que es una versión análoga a la que han denostado- y acudan con la esperanza de que asistirán a una representación muy mejorada del melodrama que han vilipendiado tiempo atrás, deberían ser considerados cómplices o partícipes necesarios de la decadencia del arte escénico nacional.
En cuanto a la predicción del resultado que emitirán las urnas el próximo domingo, no nos sentimos autorizados para expresar un pronóstico que tenga suficientes fundamentos como proyección de un análisis metodológicamente válido de lo que ya hemos vivido y experimentado en el curso de este proceso electoral. Pero sí tenemos premoniciones que si bien no equivalen a predicciones apodícticas, tienen la virtud de haber sido el producto de una observación cuidadosa de la realidad social y económica de la República.
Entendemos que cuando en nuestras mentes aparecen premoniciones, sea como presentimientos o como pre-síntomas de una patología social y si logramos mantener activos los conocimientos adquiridos en largos años de estudio y experimentación (hasta donde es posible experimentar en el campo de las ciencias sociales) nos resulta posible – si además conservamos la lucidez suficiente para cruzar tales premoniciones con el método correcto que es necesario aplicar para desentrañar el sentido de una realidad compleja y a la vez volátil- entonces estaremos en condiciones de formular unas cuantas hipótesis sobre lo que vendrá en la política nacional. Veámoslas entonces que tal vez ellas nos ayuden a impedir que el pesimismo sea el único horizonte de nuestro futuro como Nación.
Hipótesis 1. El “Operativo Milei” ha cumplido con sus dos objetivos principales: terminar con la sandez de la grieta concebida como un duelo a muerte entre Cristina y Mauricio y demostrar, a quienes no sigan obnubilados por prejuicios o sean cautivos irredimibles de intereses espurios, que nuestro sistema constitucional requiere una reforma integral que permita a los próximos gobiernos desarrollar una administración enderezada al bien común de la mayoría del pueblo argentino.
Hipótesis 2. A Sergio Massa le ha tocado en suerte el rol de Restaurador del Bipartidismo clásico en la Argentina, el que protagonizaron durante décadas el PJ y la UCR. En esta democracia posicional que constituye el horizonte real de nuestros conflictos políticos, Massa está funcionando como el adaptador del peronismo a las exigencias del mundo globalizado y, por esta circunstancia, se encontrará inevitablemente con el radicalismo en el centro de nuestro espectro político.
Hipótesis 3. En el plano de la economía real, se producirá un cambio muy significativo en la tabla de prioridades a tener en cuenta por el futuro gobierno: el protagonismo del campo, es decir, de la producción agropecuaria con su secuela de desavenencias fiscales (caso de las retenciones) fluctuaciones de precios internacionales que no controlamos y de intermediación de las famosas cerealeras que por el privilegio de estar a ambos lados del mostrador se quedan con una porción excesiva de la renta agraria, ese protagonismo habrá de ceder frente a la inauguración de un ciclo económico basado en la minería (litio, tierras raras, cobre) y en la explotación intensiva de nuestras reservas de gas y petróleo. Las regalías derivadas de estas cuantiosas inversiones, les otorgarán a las Provincias titulares de los derechos sobre el subsuelo un poderoso alivio a su finanzas y les permitirán desarrollar políticas sociales progresivas y populares.
Hipótesis 4. En lo referente a la política exterior, la cuestión del Atlántico Sut adquirirá toda la relevancia que exigen sus implicancias más directas: las previsibles modificaciones en lo que hace a la soberanía efectiva en las Islas Malvinas; la proyección de nuestro territorio continental sobre la Antártida; la explotación de los recursos petroleros y pesqueros en el mar, sin olvidar la rectificación de la situación hoy imperante en el Estrecho de Magallanes.
Hipótesis 5. En términos más amplios, nuestros futuros gobiernos deberán plantearse la necesidad de reproducir, teniendo en cuenta los cambios que advendrán en la geopolítica internacional, aquella Tercera Posición que signó los mejores años del gobierno del General Perón: la que hoy nos exige obtener lo mejor para nuestro bienestar como Nación de las relaciones con los Estados Unidos y China. En el ámbito regional, nuestras relaciones con los países vecinos deberán ajustarse a un nítido pragmatismo que deje de lado definitivamente alineamientos pseudo ideológicos que no suelen aportar más que falsas solidaridades y conflictos insolubles.
Hipótesis 6. Si bien las experiencias derivadas de nuestra historia económica y social no son ejemplares, es posible que el próximo gobierno admita que la madre de todas las batallas está dada por conseguir que una parte de los recursos generados por el sector primario de la economía puedan transferirse al sector secundario en la misma medida en que éste haga lo necesario para exportar bienes con alto valor agregado. Si de esta manera, por la transformación de nuestro balance comercial con el exterior, se elimina la llamada restricción externa, será posible terminar con plagas como la inflación, la ausencia de crédito a las PYME y los abultados déficits fiscales.
Hipótesis 7. Sostenemos que las acuciantes cuestiones relativas a la salud, la educación, la vivienda, la obra pública y el medio ambiente sólo podrán ser atendidas eficientemente si la economía y las finanzas públicas encuentran el rumbo al que antes hemos referido. De no ser así, a ningún candidato o gobernante le resultará posible enunciar el cómo habrán de abordarse materias de tanto interés social. Lo cual no significa que con los escasos recursos hoy disponibles no se puedan mejorar la cantidad y la calidad de las prestaciones correspondientes. Poner una valla infranqueable a la corrupción es una prioridad irrenunciable.
Hipótesis 8. En materia de seguridad, el próximo gobierno deberá afrontar severos desafíos dado el deterioro del orden público imprescindible para evitar que la sociedad disponga de la estabilidad que permita el libre goce de los derechos básicos de toda comunidad y se den las condiciones para la eficiente producción de bienes y servicios. La experiencia acumulada en la materia, demuestra que serán necesarias urgentes reformas en los códigos penal y de procedimientos así como en lo que se refiere a la ejecución de las penas y el régimen carcelario. Asimismo parece inevitable jerarquizar y modernizar el equipamiento de las fuerzas de seguridad y, respecto al narcotráfico, poner la mira fundamentalmente en la producción de la droga y en su distribución a escala mayorista, todo ello sin descuidar el menudeo. No colaboran con estos propósitos el tratamiento que a los problemas de la inseguridad han venido dando tanto Patricia Bullrich como Victoria Villarruel, ambas militantes de la causa libertaria.
M.A.T.
C.P.M.