SOBRE LA CUESTIÓN “MAPUCHE”
En las últimas semanas ha regresado con renovada intensidad la actividad de grupos vinculados a la organización denominada Resistencia Ancestral Mapuche (RAM). Los actos violentos contra propiedades públicas y privadas así como la ocupación de tierras que se pretenden constituyen parte del patrimonio de presuntas “comunidades autóctonas” han recrudecido a ambos lados de la Cordillera de los Andes. Mientras en Chile el Gobierno ha movilizado tropas del ejército a fin de detener y controlar acciones que violan abiertamente varios artículos del Código Penal, el embajador argentino en ese país, Rafael Bielsa, se ha presentado en el juicio en el que se procesa a Facundo Jones Huala alegando con argumentos carentes en absoluto de base jurídica en pro de la liberación del cabecilla de la principal banda responsable de delitos que deben ser objeto de la legítima represión a cargo de las autoridades con competencia en este tipo de situaciones.
La intensificación de la actividad delictiva enmascarada en imaginarios derechos ancestrales, no ha merecido de parte del Gobierno central de nuestra República más que actitudes desaprensivas cuando no tolerantes y aun de estímulo por la vía de acciones u omisiones. De ahí que se haya generalizado una justificada
inquietud en sectores civiles y militares, conformándose un estado de alerta que ha puesto de manifiesto la necesidad de informar adecuadamente a nuestra sociedad a fin de plantear en sus justos términos una cuestión que afecta en forma directa y de múltiples maneras a la soberanía nacional.
Por estos motivos la redacción de Hélice ha decidido publicar el artículo titulado “Una amenaza a la soberanía nacional” cuya autoría pertenece al Foro Argentino de Defensa, comprometiéndonos a seguir los acontecimientos vinculados a este conflicto con el declarado objetivo de que nuestros lectores adquieran la información imprescindible para interpretar cabalmente lo que está en juego en una situación de indudable gravedad institucional.
UNA AMENAZA A LA SOBERANÍA NACIONAL
El conflicto territorial que se desarrolla en la Patagonia, es una muestra cabal de la desidia de parte de la dirigencia política, que se sigue ubicando en el lugar equivocado. El Gobierno Nacional decidió permitir que escalara una situación que había comenzado como una simple cuestión de seguridad ciudadana, hasta transformarse en una verdadera amenaza a la Soberanía Nacional, dejando la puerta abierta al accionar de organizaciones de dudoso origen y propósitos.
Bajo la excusa de supuestos reclamos de pueblos “originarios”, grupos que nada tienen que ver con dichas etnias comenzaron, hace ya algunos años, a usurpar tierras y a obstaculizar el transporte, el comercio y a cometer todo tipo de delitos y atentados contra personas y propiedades en la Patagonia. Estos grupos ignoraron en todo momento cualquier mandato de la justicia o procedimientos contemplados en la Constitución Nacional o leyes Nacionales y Provinciales, para el planteo de sus supuestos reclamos.
Ante la falta de respuestas y, lo que es peor, con el consentimiento del Gobierno Nacional que por motivos ideológicos prefirió ignorar estos hechos delictivos, ubicándose del lado de sus perpetradores, la violencia fue creciendo. Solo unas pocas voces de la oposición como la Dra. Patricia Bullrich, el Dr. Miguel Ángel Pichetto, el diputado nacional por Neuquén Francisco Sánchez o el diputado provincial de Rio Negro Juan Martín, entre otros, comenzaron a alertar sobre la gravedad de la situación mucho antes de la denuncia por terrorismo que presentara la gobernadora Arabela Carreras en la Provincia de Rio Negro.
La soberanía de un Estado es su capacidad de hacer valer su voluntad sobre un territorio y una población. Hoy, por la inacción de quienes detentan la administración y custodia de ese Estado, se propicia un aparente renunciamiento a esa soberanía, lo que podría constituir un acto de traición a la Patria.
Mientras en el sur de nuestro continente, grupos mapuches y otros que se disfrazan de tales, como la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) o la agrupación Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), le declaran la "guerra a Argentina y Chile" y protagonizan actos de sabotaje, incendios y amenazas, desconociendo públicamente al Estado Argentino y llegando a quemar la bandera argentina en actos públicos, el Ministro de Ambiente de la Nación, en línea con la postura de otras autoridades, plantea la posibilidad de una administración compartida de territorios de un Parque Nacional con quienes lo han usurpado violentamente, formando parte de una red delictiva.
Una verdadera red criminal, cuya base de operaciones se encuentra instalada en la ciudad de Bristol, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, bajo la máscara de la “Mapuche International Link”, con un equipo de británicos y árabes detrás de la estrategia de recaudación de fondos, armado de causas por derechos humanos y respaldo del accionar de los grupos violentos en Argentina y Chile. Basta mirar lo que sucede al otro lado de la Cordillera para entender que este conflicto puede seguir escalando con la creciente organización, ideologización y disponibilidad de medios por parte de estos grupos violentos.Dada la importancia geopolítica de la Patagonia por su condición de corredor bioceánico y la disponibilidad de recursos estratégicos como agua, minerales y energía, no suena descabellado que existan intereses dispuestos a seguir profundizando el conflicto.
El Estado Nacional, no puede ni debe seguir mirando hacia otro lado. Es imperativo que comience a cumplir su mandato constitucional de “consolidar la paz interior” y “proveer a la defensa común”, antes de que sea demasiado tarde. Es imperativo investigar a fondo y con seriedad si existe conexión de estos grupos que actúan en la Patagonia con organizaciones terroristas internacionales y/o gobiernos extranjeros.
Desde el Foro Argentino de Defensa convocamos a todos los Espacios Políticos a tomar partido y pronunciarse, sin medias tintas, sobre este grave conflicto que enfrenta la República Argentina, amenazando la integridad de nuestro territorio y desafiando nuestra Soberanía.
Al mismo tiempo exhortamos a las autoridades nacionales, provinciales y municipales, al Ministerio Público, a los agentes fiscales y a los señores Jueces a hacer cumplir el artículo 214 del Código Penal, y ponerle un freno a esto que comenzó como una aventura de algunos pícaros para beneficio propio y ha ido escalando, gracias a la inacción de quienes debieron poner freno en tiempo y forma, hasta transformase en un verdadero problema de Seguridad y Defensa Nacional.
