ESO QUE LLAMAN OPOSICIÓN

La función opositora y el acuerdo con el FMI

Por Hernán L. Aldabe

Como lo hemos adelantado en nuestra nota anterior, la tesis que sostenemos es que en las democracias de tipo occidental, sean parlamentarias o presidencialistas, la oposición co-gobierna. Ello significa que la existencia de un partido o coalición que, por los resultados electorales, se encuentran al margen de la administración del Estado, son imprescindibles para que el gobierno funcione y para mantener su estabilidad constitucional. La trascendencia que posee en las actuales circunstancias el acuerdo del gobierno de Alberto Fernández con el FMI, hace que su tramitación sea un buen ejemplo para ilustrar dicha tesis.

Como es sabido, el respaldo político exigido por el FMI para aprobar el acuerdo obligó a la intervención del Congreso que debía sancionar una ley que concretara dicho respaldo. Pues bien: dadas las peculiaridades de la relación entre el Gobierno y la oposición que se deriva de la naturaleza política tanto del FdT como de JXC, el proceso que concluyó con la sanción de la Ley N.º 27.668 resulta de especial interés para demostrar cómo debe entenderse en la Argentina la cuestión de la co-gobernabilidad entre el oficialismo y la oposición.

Naturaleza de la coalición opositora.

Fuera de la Argentina se acepta, generalmente, que entre la oposición y el gobierno del kirchnerismo (versión AF-CFK) existe una grieta que separa ambos términos de manera efectiva y que es la clave para entender correctamente el proceso político del país.

Disentimos con esta interpretación de los hechos que se vienen sucediendo en la Argentina desde la crisis de 2001-2002. En primer lugar, la formación de dos bloques electoralmente enfrentados puede obedecer tanto a un alineamiento de intereses económicos contrapuestos, como a una dinámica puramente circunstancial de manera que en ambos rivales estén presentes los mismos intereses aunque expresados en forma distinta. En general, en las democracias occidentales, la presencia de los mismos factores de poder en ambos bloques se debe no a diferencias sobre el qué hacer sino a cómo hacerlo de la mejor manera.

Por otra parte, si bien el colapso ideológico del marxismo-leninismo produjo una rápida obsolescencia de la teoría de la lucha de clases, ello no significa que no persista en la actualidad la segmentación en clases de la sociedad. La experiencia en la Argentina a partir de la crisis de la convertibilidad, demuestra a las claras que entre los sectores más favorecidos por los ingresos y el patrimonio y los que ocupan los niveles inferiores de la pirámide social, se extiende un vasto espacio donde predominan los sectores medios cuyos votos son imprescindibles para decidir el resultado de una elección. De esta manera, la antigua división entre izquierdas y derechas, sólo puede referirse a aspectos secundarios de la diferenciación política. A lo que hay que agregar que el progresismo en su carácter de erzast ideológico, suele ser compartido por los dos bloques electorales.

Si estos conceptos son correctos, el bloque opositor denominado Juntos por el Cambio adquiere su protagonismo electoral como expresión de intereses económicos y financieros que se consideran incompatibles con la manera de gestionar la administración del Estado exhibida por el avatar kirchnerista del peronismo entre 2003 y 2015, sobre todo con lo puesto en práctica por CFK a partir de su segundo mandato iniciado en 2011: la coalición opositora adquiere su conformación actual a partir de la decisión de los factores de poder de impedir la continuidad del kirchnerismo – en esa oportunidad sometido a un deterioro registrado aun por los más afines a sus consignas como es el caso de Matías Kulfas (Cfr. “Los tres kirchnerismos” Caps. V y VI Ed. Siglo XXI, 2016) – mediante la alianza de partidos y de liderazgos que, poco tiempo antes, parecían incompatibles entre sí. Una idea bastante aproximada de los por qué de la decisión de enfrentar a la fórmula del Frente para la Victoria en la elección presidencial de 2015 es el estancamiento, denunciado por Kulfas en el mencionado libro, debido a la sempiterna cuestión del escaso valor agregado presente en las principales commodities que constituyen el grueso de las exportaciones argentinas.

La decisión de enfrentar al oficialismo de la fórmula Scioli-Zannini mediante la integración de una alianza multicolor encabezada por Mauricio Macri, fue una consecuencia directa de la mala situación económica y financiera de la Argentina que generó en los sectores medios la convicción de que el cambio publicitado por Macri y sus ocasionales socios electorales, era preferible a la continuidad del kirchnerismo en cuya fórmula el “moderado” Scioli sería “controlado” por el “combativo” Secretario Legal y Técnico en funciones entre 2003 y 2015.

Los radicales deciden formar parte de la alianza con el PRO de Mauricio Macri.

La decisión tomada por la Convención de la UCR reunida en la ciudad entrerriana de Gualeguaychú el 15 de marzo de 2015 en el sentido de aliarse con el PRO para concurrir juntos a la elección presidencial de ese año, puede considerarse como la viga maestra que ha sostenido hasta ahora a la coalición opositora bautizada “Cambiemos” que, con pocas alteraciones, es la misma que prestó el imprescindible apoyo legislativo para sancionar la Ley N.º 27.668 a fin de cumplir con la exigencia del FMI respecto al Programa de Facilidades Extendidas que acaba de ser aprobado por el directorio de ese organismo internacional.

En su origen “Cambiemos” estaba constituido por sólo tres partidos: Propuesta Republicana (PRO) , la UCR y la formación liderada por Elisa Carrió denominada Coalición Cívica-ARI, de escaso peso electoral en todo el país. La identificación del PRO con un partido sólo predominante en la Ciudad de Buenos Aires, convenció a los representantes de intereses empresarios decididos a poner coto a las políticas implementadas por el kirchnerismo a partir del aplastante triunfo en el 2011, de que era imprescindible ampliar la base electoral de los partidarios de un cambio market friendly. Sólo la UCR parecía adaptable a funcionar como socio menor de una alianza electoral en una coyuntura que se juzgaba como crucial. La convicción de la necesidad de una alianza entre el derechismo del PRO y el centrismo radical ha provocado un efecto colateral nada insignificante: la aparición de un discurso que sostiene que sólo la unión de partes en principio no compatibles entre sí, podría impedir un nuevo triunfo del kirchnerismo. Esta es la premisa bajo la cual se produjo el enlace entre la UCR de Ernesto Sanz y el PRO de Mauricio Macri. A partir de esta forzada simbiosis – cuya manipuladora en el comienzo fue Elisa Carrió- se dejó de lado toda posibilidad de presentar una coalición realmente dotada de consistencia programática y estratégica, reduciendo fuertemente la aptitud potencial de un hipotético próximo gobierno no kirchnerista. Pensemos solamente en que el modelo ideológico en que se fraguó el PRO es el Partido Popular de José María Aznar mientras que el radicalismo seguía perteneciendo a la Internacional Socialista.

La “coalición” PRO-UCR gobernó la Argentina entre diciembre de 2015 a diciembre de 2019; fue derrotada en la elección presidencial de ese año. La fórmula ganadora Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, como resultado de una combinación que le fue sugerida a CFK como la mejor fórmula para obtener la absolución de la ex-Presidente en las muchas y variadas causas judiciales en las que se encontraba procesada, fue la que debió asumir la ingrata tarea de renegociar con los acreedores privados y con el FMI la “impagable deuda externa” , “la tóxica herencia que Mauricio Macri le legó al peronismo” (Esto según un ex-gobernador de la Provincia de San Juan)

El FMI: otra vez protagonista de la política argentina.

Desde un punto de vista estrictamente político, el nuevo acuerdo con el FMI que debió suscribir el gobierno de Alberto Fernández, implica que las condicionalidades - prolijamente ocultadas o falsamente interpretadas tanto por el oficialismo como por la “oposición” – constituyen el verdadero y único plan que toda la clase dirigente argentina, tanto los políticos como los sindicalistas y los empresarios han sido capaces de presentar a la sociedad nacional.

El “altísimo riesgo del default” ha funcionado como el pegamento que ha confundido en un mismo bloque a los gobernadores del PJ, a los legisladores en principio oficialistas, a los radicales y a los macristas con pocas excepciones… salvo quienes han adherido a la posición de Máximo Kirchner, Juan Grabois, la mayor parte de los “movimientos sociales” y, por supuesto, el Partido Obrero y sus colaterales.

La idea de que resulta mejor “ defaultear” que acordar con el FMI, es compartida por quienes están dispuestos a asumir roles relevantes en circunstancias altamente críticas que podrían degradar aun más la precaria gobernabilidad de la que hoy practica el oficialismo. Este peligro ha tenido por efecto que los factores de poder más concentrados postulen que la única vía para impedir un verdadero vacío de poder en la Argentina, es poner en práctica, aunque sea con incumplimientos que darían lugar a waivers sucesivos, lo acordado con el FMI tal vez invocando el impacto que sobre plazos y metas necesariamente ha de producir la guerra de Ucrania.

(Continuará)