TEORÍA Y PRÁCTICA DEL ESTADO PRESENTE

(Cuarta nota)

Por Carlos P. Mastrorilli.


Hemos postulado que el eje sobre el cual se articulan los conflictos y contradicciones vigentes en los Estados organizados según el paradigma capitalista/democrático, se estructura sobre el posicionamiento de los partidos, factores de poder y grupos de presión en relación al nivel y la magnitud del intervencionismo estatal en la economía y las finanzas y, en consecuencia, sobre el impacto de dicha intervención en las interrelaciones socio-culturales de cada nación.

Cuando intentamos analizar la cuestión del intervencionismo estatal en la Argentina de hoy (bajo la égida del kirchnerismo) no podemos olvidar que la extensión y la profundidad de dicha intervención deben ser apreciadas teniendo en cuenta el nivel de desarrollo – tanto económico como político y socio-cultural- de cada país. Los recursos naturales y humanos, la posición geopolítica, la pertenencia a organizaciones supra-nacionales son datos que necesariamente influyen en la evaluación del intervencionismo estatal y, por ende, en los juicios de valor que pueden razonablemente emitirse a su respecto.

Es preciso tener en cuenta, además, que la cuestión del intervencionismo ha dejado de constituir un capítulo de una cosmovisión ideológica en sentido propio. La contundente decadencia de las ideologías en su condición de sistemas explicativos omnicomprensivos – mundo material, sociedad, individuo- ha remitido muchos de los ítems que integraron las cosmovisiones liberales y marxistas-leninistas a regiones cuasi arqueológicas del pensamiento y de la reflexión de los científicos sociales y de los economistas propiamente dichos. La post-modernidad en la que hoy se vive, no ha dejado en pie ningún sistema de ideas coherente y validado empíricamente.

Estas sumarias advertencias nos parecen necesarias pues entre nosotros, por motivos que tienen que ver con el atraso cultural que padecemos, aun es posible que los políticos profesionales pretendan diferenciarse en razón de la adscripción de cada cual a una ideología cuando en realidad la dinámica democrática y las prácticas gubernamentales se explican como procesos vinculados a la disputa por el poder entre grupos que compiten por asumir la administración de la cosa pública con objetivos claramente dirigidos a la obtención de beneficios económicos y financieros a partir del usufructo de la hegemonía política alcanzada. La extensión y profundidad de los fenómenos vinculados a la corrupción, prueban acabadamente las consecuencias más negativas de la “muerte de las ideologías”


El kirchnerismo y la ocupación de la posición de izquierda por el PJ.

Tal vez el efecto más trascendente y perdurable del acceso de los Kirchner al poder, haya sido la ocupación de la posición de izquierda en el arco electoral por parte del PJ el cual, conjuntamente con la mayoría de los sindicatos que componen la CGT, deben considerarse como el núcleo principal del movimiento peronista.

Este posicionamiento fue el producto de una inteligente operación política que consistió, en lo esencial, en apropiarse de las banderas de la defensa de los derechos humanos conculcados por la dictadura militar impuesta en 1976. Como la represión desatada por las FFAA fue sistemática y sumamente violenta, la repulsa a dicha dictadura se expandió ilimitadamente en la sociedad argentina de manera tal que el kirchnerismo pudo capitalizar ese rechazo exponiéndose como el sector político más afín a las organizaciones sociales dedicadas a promover el procesamiento y condena de los responsables de lo que se denominó terrorismo de estado.

Por otra parte, el kirchnerismo logró otro éxito político significativo: como el plan económico de la dictadura encarnado en José Alfredo Martínez de Hoz se pudo asimilar a la política privatizadora llevada a cabo durante las presidencias de Carlos Menem, el gobierno instalado en 2003 logró elaborar un compositum muy favorable a su posicionamiento de izquierda al vincular la represión del gobierno militar a una política económica “antinacional” y “antipopular”.

El intervencionismo kirchnerista, entonces, es una consecuencia inevitable de su posicionamiento a la izquierda del espectro político argentino: no se podía condenar los excesos de la dictadura militar sin, al mismo tiempo, repudiar las privatizaciones y la política pro-mercado instrumentada por Martínez de Hoz y Carlos Menem, máxime cuando el riojano consagró a Domingo Cavallo como el fautor de la convertibilidad y de la desregulación económico-financiera.

La importancia de este hecho indiscutible es que, a partir de allí, se definieron las otras dos posiciones, la de derecha y la de centro. Es correcto afirmar que, históricamente, ha sido la UCR el partido más representativo de las posiciones de centro. Opuesto en sus orígenes al conservadurismo de la Generación del Ochenta y asumiendo las posiciones contrarias más eficaces al “populismo” peronista, el partido de Alem e Yrigoyen siguió ocupando la posición de centro no obstante el giro hacia la social-democracia protagonizado por Raúl Alfonsín y la apuesta por Domingo Cavallo llevada a cabo por Fernando De la Rúa. Tampoco el episodio de transversalidad que posibilitó el arribo de Julio Cobos a la Vicepresidencia de la República durante el primer período presidencial de CFK, alcanzó para desplazar a la UCR de la posición de centro.

El centrismo es una posición inestable. En principio puede definirse más como una actitud que como una idea con algún contenido específico acerca de la política, la economía y la sociedad. Si existe una nota común a todos los centrismos exitosos, es la consigna del apego sin matices a la legalidad constitucional. En este sentido, opera como un indicador de cuánto se apartan las derechas o las izquierdas de la legitimidad normativa a ultranza al perseguir y conseguir sus objetivos específicos. Por este motivo, cuando se debilitan las otras dos posiciones, tanto la derecha como la izquierda buscan complementarse con el centro político dando así lugar al nacimiento de formaciones de centro-derecha o de centro-izquierda. La moderación, un progresismo mitigado y en el fondo una apuesta por la conservación del statu quo suelen estar presentes cuando el centro logra gobernar o insertarse en una coalición de gobierno.

El macrismo y la posición de derecha en el arco electoral.

Conforme con lo señalado, la posición de izquierda fue ocupada por el kirchnerismo en tanto el radicalismo se sostenía en un centro cada vez más acosado por la “transversalidad”, ese instrumento ideado por Néstor Kirchner para diluir la fuerte impronta peronista del FpV. La posición de derecha, transitoriamente ocupada por el PJ, versión Carlos Menem, estaba disponible, máxime cuando la probabilidad de una interrupción del proceso democrático por un golpe de las FFAA había descendido hasta tornarse prácticamente imposible. Es en este contexto que aparece el partido Propuesta Republicana, fundado en 2005 con el nombre de “Compromiso para el Cambio”, pero que es conocido con la sigla PRO cuya identificación original con la persona de Mauricio Macri fue absoluta.

La no ocupación de la posición de derecha por parte de algún partido incluido en el arco electoral, se debió, sin dudas, a la captación de dicha posición por parte de los gobiernos militares que se sucedieron a partir de 1955. El intervencionismo militar, por causas complejas, internas y externas a la Nación Argentina, resultó proscripto de la constitución real que durante décadas admitió la alternancia de gobiernos militares y democráticos. Las correcciones que los militares golpistas llevaron a cabo en la economía y en las relaciones sociales derivadas de la identificación con los sectores satisfechos de la sociedad, involucraron principios y prácticas propios de las derechas en los países desarrollados de Occidente. Sin embargo, aunque transitoriamente, esa posición fue ocupada por el peronismo, versión Menem, en la década de los noventa y continuada por el gobierno radical de Fernando de la Rúa aunque de manera turbulenta y, en definitiva, terminal.

Cuando los Kirchner asumen con el PJ la posición de izquierda, era presumible que la posición contraria debería ser ocupada por algún partido con representación legislativa, aunque fuese minoritaria, porque la ausencia de la derecha democrática en los espacios políticos nacionales impide o dificulta la continuidad de los procesos electorales que, en lo esencial, se articulan sobre oposiciones dialécticas aunque éstas carezcan de contenidos ideológicos dignos de tal nombre. De acuerdo a la necesidad de establecer este tipo de oposición una vez excluidas las FFAA del ejercicio de la autoridad gubernamental, la aparición de una fuerza de derecha parecía ser inevitable. Y esa fuerza fue y es el PRO.

Es preciso advertir que el posicionamiento a la derecha del macrismo no implica necesariamente una adhesión ideológica al liberalismo aunque algunos de sus postulados – economía regida por el mercado y la ley de la oferta y la demanda, limitación del intervencionismo estatal en la actividad económica, apertura de la economía, liberación del tráfico de divisas y estímulo de los negocios financieros- pertenezcan al programa del liberalismo doctrinario y a los deseos íntimos del macrismo. Los motivos del eclecticismo del régimen macrista se encuentran en la convicción de sus dirigentes en el sentido de que el gobierno de Macri carece del poder necesario para aplicar la mayor parte de las recetas denominadas neoliberales. También se hace necesario tener en cuenta que las primeras etapas de la liberalización y de la desregulación económica fueron anticipadas por Carlos Menem como en el caso de las privatizaciones y la desregulación de una cantidad significativa de actividades productivas, comerciales y financieras.

Por todas estas razones, Macri no ha podido – y en algunos casos ni lo ha intentado- a partir de la toma de conciencia de su debilidad frente a la sociedad, ni disminuir el déficit fiscal, ni controlar seriamente la inflación, ni avanzar en la senda de la flexibilización laboral y en el disciplinamiento de los sindicatos y de las organizaciones sociales cuyo objetivo principal ha sido y es el de controlar el flujo de fondos públicos destinados a la asistencia social. Dados estos condicionamientos, la gobernabilidad del macrismo se sustentó en factores que se encuentran fuera de su propio espacio institucional y político: la fragmentación de la oposición y la articulación de la contradicción con el kirchnerismo en general y con la persona de CFK en particular.

Ahora bien: muchas de las iniciativas del macrismo gobernante, encuentran su origen en la muy particular configuración del PRO y, consecuentemente, de la alianza denominada “Cambiemos”. En efecto: se suele insistir en que el gobierno de Mauricio Macri es el primero desde la Segunda Postguerra que no es ni peronista ni radical. Sobre esta realidad se construyó el mito de que el PRO representa a la nueva política, en oposición a la vieja protagonizada por el PJ y la UCR. A primera vista salta la incongruencia de meter en el paquete de la obsolescencia a los radicales que pertenecen al núcleo de Cambiemos y que aspiran a formar parte de un verdadero gobierno de coalición, algo fuertemente resistido por los amarillo subido que responden a Marcos Peña, su séquito y adláteres. De la misma manera, dirigentes conspicuos del PRO dedicaron buena parte de su tiempo y persistentes esfuerzos a la captación de peronistas potables sin hacer mucho caso de la irritación de los radicales que temían que una peronización del gobierno generara una dura competencia por cargos e influencia con una UCR cuya integración con la derecha macrista se debió, principalmente, a subsanar sus crónicos déficits electorales.

Cuando exponemos nuestra teoría de la democracia posicional, se nos suele preguntar cómo procedió Mauricio Macri para ubicar al PRO a la derecha del arco electoral siendo que comparte con los otros figurantes en la escena política argentina, una inopia ideológica notoria. La respuesta no es difícil: así como a los Kirchner les bastó autoproclamarse como campeones de la defensa de los derechos humanos violentados por la dictadura militar y, a la par, formar un combo con las políticas de Martínez de Hoz y de Domingo Cavallo, Macri levantó el estandarte de la libertad de mercado, el abandono del intervencionismo estatal en la economía y una cruzada anticorrupción cuyo blanco casi único es el kirchnerismo, instalado a la izquierda del arco electoral. En otras palabras: el posicionamiento de Macri a la derecha se debió, principalmente, a que esa posición estaba disponible para quien tuviera la voluntad y los medios de financiamiento que requiere la actividad política en nuestro país. Los aportantes, manifiestos o no, a las campañas electorales del macrismo, proceden de factores de poder instalados en el polo hegemónico del sistema de poder nacional.

En el caso argentino se advierte con claridad que la vacancia de una posición política opera como un imán que atrae a alguna de las fuerzas pre-existentes hasta que la posición es ocupada. Es más: esa atracción funciona como un factor de cohesión interna del partido atraído, impulsando el necesario proceso de diferenciación hasta que se produzca la identificación, a la derecha o a la izquierda, de los líderes con el mínimo de contenidos ideológicos que dicha identificación requiere. Macri recurrió a la falsa antinomia entre vieja y nueva política y, consecuente con esa falacia, entregó la administración pública a los CEO de empresas privadas con escasa o ninguna experiencia previa en el manejo de las instituciones estatales. A la postre, esta decisión provocó una progresiva desafección del radicalismo que está a punto de proceder a una ruptura institucional con el PRO, ruptura que explica el protagonismo otorgado por la UCR a Facundo Manes, cuyo discurso en el actual proceso electoral preanuncia un cambio en el posicionamiento político del partido.

La posición de derecha, como se dijo antes, fue ocupada tradicionalmente por las FFAA a través de los sucesivos golpes militares de 1955, 1962, 1966 y 1976. Por fuera de estas anomalías constitucionales, fue la UCD de Alvaro Alsogaray quien alcanzó a identificarse plenamente con una concepción de derecha, doctrinariamente liberal y frontalmente contraria a la intervención del Estado en la economía. Pero sólo el PRO de Mauricio Macri, tras ocupar la posición vacante y obtener el control de la Ciudad de Buenos Aires, pudo acceder a la Presidencia de la República. Esta es la verdadera sustancia tras la apariencia de la superación del bipartidismo PJ/UCR que ha sido objeto de múltiples explicaciones a partir de la elección de 2015.

Ahora bien; el triunfo de Macri en el balotaje celebrado el 22 de noviembre de 2015 en el que se enfrentaron Macri y Daniel Scioli, se produjo por un margen de 2,8% del total de votos emitidos. Es decir, el electorado se dividió prácticamente por mitades y la alianza Cambiemos quedó en absoluta minoría en las dos cámaras del Poder Legislativo Nacional. Ello provocó que el gobierno de Macri se encontrara afectado por una patente debilidad institucional, máxime cuando tampoco contó con una mayoría de gobernadores de provincia propios o adictos y cuando el Poder Judicial estuvo lejos de ser controlado por el Ejecutivo como Macri lo intentara por diversos medios, (incluso utilizando a personajes como Fabián Rodríguez Simón, alias Pepín) pudiendo advertirse una clara ambigüedad que se manifestó en la compleja relación entre la Casa Rosada y la CSJN.

Esa debilidad institucional se articula con la inexistencia del macrismo en el espacio que se suele conocer como la calle. Sólo en el espacio mediático el gobierno de Macri obtuvo cierta primacía sobre sus opositores en razón de pactos llevados a cabo con los principales grupos de prensa que operan en el país. La resultante de esta configuración de los espacios políticos es que el gobierno macrista careció del poder necesario para imponer sus intereses en forma regular lo cual ha generado dos consecuencias: la componente neoliberal que se puede detectar en los antecedentes ideológicos del PRO tiende a diluirse –como se comprobó sobre todo en materia de la composición del gasto y del incremento del déficit público- y en la necesidad de negociar arduamente con el PJ y el massismo cada vez que pretendió “sacar” una ley que respondiera a los intereses que cifran su hegemonía en el éxito electoral de la alianza hegemonizada por el macrismo.


El intervencionismo estatal: su rol como dirimente de la política nacional.

Conforme se ha expuesto, la posición de izquierda ocupada por el kirchnerismo y la de derecha asumida por la alianza del PRO y la UCR, han provocado un vacío en la inestable posición centrista. Pero dicha inestabilidad, propia de la dinámica que afecta a los partidos que pretenden equidistar de los extremos del arco electoral, también ha afectado al peronismo versión CFK y a la coalición entre macristas y radicales. En el primer caso, se han manifestado serias contradicciones entre el PJ “tradicional” – el de varios gobernadores de ascendencia peronista y el “kirchnerismo duro” de Cristina y Máximo- y, en lo que respecta a la convivencia entre radicales y macristas, bastó que ese compuesto fuese derrotado en la elección presidencial de 2019, para que aparecieran las indisimulables diferencias que auguran una fractura de los bloques de JxC en ambas Cámaras del Poder Legislativo.

La intervención del Estado en las actividades económicas, sociales y culturales propias de un sistema capitalista/democrático poco eficiente e inestable como el que rige en la Argentina, tiende a desbordar los márgenes constitucionales y, en consecuencia, a minimizar los espacios que la normativa vigente no ha atribuido a la decisión de los poderes de gobierno, reservándolos explícita o implícitamente a la iniciativa de los grupos sociales y a la libre elección de los ciudadanos. El problema se suscita cuando dichas decisiones se basan en no pequeña parte no en una ideología y su correspondiente cosmovisión filosófica sino en restos dispersos del naufragio ideológico acaecido concomitantemente con la implosión de la Unión Soviética. El kirchnerismo, por ejemplo profesa que la función del aparato estatal es lograr una magna distribución del ingreso y de la propiedad privada de manera tal que, al final del camino, se logre la igualdad entre todos los argentinos (y argentinas). Está suficientemente expresado que dicha hipotética igualdad puede obtenerse a partir del empobrecimiento masivo de los ciudadanos. A esta doctrina, a la cual implícitamente adhiere el Papa Bergoglio, se la denomina simplificadamente pobrismo. Los pobres no sólo serán objeto de una opción preferencial por la Iglesia, sino que, al mismo tiempo, conformarían una nueva república en la que los carecientes serán legión y, como es obvio, deberán ser asistidos por un Estado omnipresente, capaz de captar, de una manera todavía no explicada, los recursos necesarios para “bancar” la igualdad que se concibe como el objetivo prioritario de las funciones y de las políticas impuestas desde el gobierno.

La cuestión irresoluta que plantea el intervencionismo estatal en un sistema capitalista/democrático, es que la componente del capital del sistema es abiertamente contradictoria con la teoría marxista-leninista del Estado según la cual éste es “la institución superior a todas las demás existentes y cuya función consiste en mantener y defender el dominio del proletariado” (Cfr. Tom Bottomore y otros en “Diccionario del pensamiento marxista”) En una democracia capitalista, de por sí pluriclasista y en la que la producción y distribución de bienes y servicios corresponde a la iniciativa privada, la idea de un Estado orientado a obtener una hipotética igualdad entre las clases mediante una expansión a designio de sus atribuciones, está destinada al fracaso. A un fracaso que consiste en generar altas tasas de ineficiencia en la función de administrar los recursos captados presuntamente para reducir las desigualdades entre las clases sociales.

No les falta razón a quienes postulan que el igualitarismo bajo el cual se ampara el intervencionismo estatal, “no es sino una coartada de la clase política profesional para incrementar su poder de mando y acceder a las múltiples oportunidades de enriquecimiento personal que otorga la administración de los fondos extraídos de la sociedad civil presuntamente para servir a la cruzada en pro de la eliminación de las desigualdades existentes entre las clases sociales” (Cfr. Bertrand Jacquillat en “Como privatizar” Ed. Atlántida. B s As. 1985.

La cuestión así planteada remite directamente a los valores en juego en la ética social, incluyendo en ella las doctrinas de orden religioso como la sostenida por la Iglesia Católica. La estimable creencia en que las desigualdades que originan la pobreza y la indigencia pueden y deben ser eliminadas por una decisiva acción del “Estado presente” es irrealizable dentro de los límites del capitalismo democrático. En tanto que las ideologías de cuño socialista que prometían arribar a tal edénica situación han retrocedido hasta los bordes de la extinción, el auge de China, luego del abandono del maoísmo, sólo puede explicarse a partir de las reformas de Deng Xiao Ping que dieron comienzo a la instauración de un capitalismo no democrático que permitió que 500 millones de habitantes dejaran de ser pobres o indigentes y pasaran a formar parte de los sectores medios cuyos hábitos de consumo fueron rotando hasta confundirse con los vigentes en los países desarrollados de Occidente.

Cuando se analizan los modos de intervención del Estado presente, no se debe olvidar que el paradigma intervencionista se fundamenta en un utópico igualitarismo que contradice las condiciones básicas con las que debe funcionar el capitalismo democrático. El principal argumento oponible al intervencionismo, no es de orden moral: es estrictamente técnico/político/social/económico. El hipotético éxito del Estado presente es incompatible, por ejemplo, con nuestro orden jurídico-constitucional. De ahí que la reforma de la Constitución vigente haya figurado, en algún momento, entre las propuestas del actual kirchnerismo gobernante.

(Continuará)